El Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades abrió un proceso de participación que comenzó el día 16 de marzo, con fecha límite para presentar aportaciones el 27 de marzo de 2023, es decir, 12 días naturales. En ese limitado espacio de tiempo se han puesto de acuerdo todas las universidades públicas de los 17 distritos universitarios para presentar el mismo documento desde todas las universidades públicas, con alegaciones para una mejora sustancial del texto sometido a participación pública.
Se trata de un documento de 17 páginas que los 17 distritos han consensuado en el mencionado espacio de tiempo, con cuestiones que varían desde la duración de las pruebas, la composición de los tribunales, los procedimientos de reclamación, el procedimiento de admisión, o los plazos para plazas vacantes, para un total de 20 propuestas de mejora que esperan sean tenidas en consideración.
Dicho documento, elaborado por las encargadas y los encargados de organizar esas pruebas y la admisión en los grados universitarios, ha sido secundado por todas las vicerrectoras y vicerrectores responsables del acceso y admisión en las universidades públicas. En su desarrollo se detalla una importante serie de cuestiones de carácter técnico relacionadas con la estructura, la organización y los procedimientos de las pruebas, con una postura unánime de que comprometen la viabilidad de las pruebas y de los procesos de admisión.
Además, todas las universidades públicas españolas consideran desleal por su parte no hacer mención a las crecientes señales de inquietud que les traslada el profesorado de Bachillerato, orientadores y armonizadores y armonizadoras de las materias, compartiendo la profunda preocupación por la viabilidad de implantar el modelo de evaluación por competencias el próximo año, pues son demasiadas las incógnitas y demasiado poco tiempo para incorporarlas a un Bachillerato con currículo nuevo, nuevos materias y un modelo de evaluación nunca ensayado en segundo de Bachillerato y desconocido a los ojos de quienes han de dar instrucciones desde las universidades sobre las directrices concretas de cada materia.
Junto a esta advertencia, que pone el foco en las serias dudas sobre la posibilidad de implementar las reformas sin suficientes garantías para un proceso en el que el alumnado se juega buena parte de su futuro, las universidades destacan los efectos perniciosos de algunos pilares del borrador de Real Decreto. Es el caso, por ejemplo, de la duración de los exámenes, que al pasar de 90 a 105 minutos obligará a aumentar los días de duración de las pruebas hasta a 6 días, prolongando innecesariamente el estado de tensión del alumnado en detrimento de su rendimiento.
En esta cuestión, insisten las universidades, la propuesta supone de facto la exclusión del acceso a la universidad del estudiantado que tiene derecho a adaptaciones de más tiempo, pues este colectivo se enfrentaría a algo impensable como 3-4 exámenes diarios de 145 minutos, durante varias jornadas.
Con el mismo conocimiento de causa se detallan, una tras otra, hasta 19 alegaciones más sobre procedimientos de reclamación, plazos, composición de tribunales, estudiantado extranjero, estudiantes con estudios universitarios, procesos de admisión o criterios de adjudicación de plazas, etc. Todo ello termina dibujando una percepción clara de que la reforma que se propone adolece del debido sosiego en la toma de decisiones y de la tranquilidad suficiente para regular algo de tanta trascendencia social, y repercusiones de todo tipo, como es el caso de las pruebas que permiten el acceso a la Universidad.
