El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha asegurado que las prioridades del Gobierno andaluz en materia de personal en el sistema público universitario se centrarán en la armonización de la actividad docente, en la estabilización de las condiciones laborales y en el desarrollo de un nuevo sistema de complementos retributivos autonómicos para la plantilla docente e investigadora.
Así lo ha planteado en la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas celebrada este lunes, en la que han participado los rectores de las instituciones académicas públicas y los representantes de CCOO, UGT y CSIF. Este órgano constituye el marco en el que se articulan las relaciones entre la Administración autonómica, las universidades y las organizaciones sindicales más representativas del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS).
Dicha reunión responde al compromiso adquirido por el consejero al inicio de la legislatura con los agentes económicos y sociales y con las universidades de avanzar en la recuperación y reconocimiento de derechos de ambos colectivos. “La voluntad de la Junta es escuchar todas las aportaciones, negociar desde el diálogo y alcanzar puntos de encuentro en beneficio de la plantilla universitaria”, ha explicado el consejero. Esta convocatoria ha permitido evaluar los niveles de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación de 2018.
Durante la reunión, Gómez Villamandos ha destacado que la estabilidad del profesorado universitario y del PAS es clave para la calidad de la docencia y la investigación y resto de la actividad universitaria que se realiza en los campus. De igual modo, el titular de Universidad ha apostado por “implantar un nuevo modelo de complementos retributivos autonómicos ligados a méritos docentes, investigadores y de gestión, así como por dotar de periodicidad anual a las convocatorias”.
Esas remuneraciones, distribuidas en un máximo de cinco complementos o tramos, las reciben los miembros pertenecientes al personal docente e investigador, sean funcionarios o laborales, con al menos dos años de antigüedad y con contrato a tiempo completo. La Ley Orgánica de Universidades, de carácter estatal, atribuye a las comunidades autónomas su concesión y la norma andaluza trasladó esa regulación. “La evaluación de esa actividad se convocó por última vez en 2018, después de más de diez años sin hacerlo, pero no se llegó a resolver por el anterior Ejecutivo socialista”, ha recordado Gómez Villamandos, quien ha añadido que “el Gobierno de Juanma Moreno tuvo que hacerlo en tiempo récord en la anterior legislatura”.
En el ámbito del PAS, la Consejería ha mostrado su voluntad de acometer el diseño de la carrera horizontal asociada a un proceso de evaluación del desempeño, lo que daría respuesta a una reivindicación histórica por parte de los trabajadores. En relación al abono del 50% del tramo transitorio de calidad del PAS, Villamandos ha informado de que actualmente se encuentra en la Mesa de Diálogo Social entre el Gobierno de la Junta de Andalucía y la representación sindical y ha explicado la voluntad de la Consejería de alcanzar un acuerdo en breve.
Estos asuntos se expondrán con mayor concreción y se comenzarán a negociar por todas las partes en la Mesa Sectorial de Personal Docente e Investigador y en la Mesa Sectorial del Personal de Administración y Servicios a través de sucesivas reuniones de trabajo.
Armonización de la actividad docente y LOSU
Al margen de estos aspectos, José Carlos Gómez Villamandos también ha puesto el acento en la necesidad de armonizar la actividad docente del profesorado y de los investigadores, con el objetivo de que en los campus de Andalucía se imparta un mínimo de horas de clase similar en todas ellas. “Tenemos una firme voluntad de armonizar este criterio, ya que redundará en una mayor eficacia y eficiencia del sistema”, ha incidido el titular de Universidad.
Por otro lado, también ha apuntado a la necesidad de negociar un nuevo convenio colectivo tras los “relevantes cambios” que supondrá la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
