Ávila, que ha clausurado el curso ‘Crisis económica y modelo social: la sostenibilidad del Estado de bienestar’, organizado por la Universidad de Almería y el Consejo Consultivo de Andalucía, ha explicado que España tiene un problema de financiación porque el nivel de inversión previo a la crisis alcanzó cotas del 30% de la economía y los 15 años de crecimiento se basaron en un fuerte impulso inversor, sobre todo del sector privado, cuyo endeudamiento respecto al PIB supera la media de la UE.
En este sentido, ha añadido que, en el marco de la UE, el endeudamiento privado de España alcanza el 225% del PIB, frente al 170% de la media de la UE, 55 puntos más; mientras que en endeudamiento público España es de los países menos endeudados, con un 68,5% frente al 82,5% de la media de la UE.
Para el consejero, en un contexto de falta de financiación y de fuerte apalancamiento del sector privado, un recorte excesivo del gasto público estrangula la actividad productiva, a la vez que afecta negativamente a la prestación de servicios básicos.
De este modo, ha señalado que la consolidación fiscal no puede servir de coartada para modificar sustancialmente las reglas de juego del Estado del Bienestar y ha apostado por combinar el equilibrio de ingresos y gastos con políticas de crecimiento.
El Gobierno andaluz, ha indicado el titular de Economía, defiende esta posición desde su propia estructura, con un departamento de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que establece el vínculo de la planificación, la programación y la coordinación de la política económica, con la innovación en los sectores productivos nuevos y tradicionales, a partir de la aplicación del conocimiento científico y para propiciar el aumento del tejido productivo y la generación de empleo.
Una política económica, ha añadido, responsable con el equilibrio de las cuentas públicas y también comprometida con la reactivación económica y del empleo, que se concreta en dotar de mayor competitividad a sectores tradicionales renovando la base productiva con el impulso de nuevos sectores estratégicos; y fortalecer los factores productivos que propician el crecimiento, como el capital humano, la I+D, la innovación, las nuevas tecnologías, la internacionalización y la cultura emprendedora.
Según Ávila, esta política adquiere por completo su dimensión social cuando se sustenta en la equidad y la igualdad de oportunidades como principio de eficiencia económica, aportando seguridad a las personas mediante la inversión en Educación y Sanidad.
En el ámbito de las prestaciones sanitarias, el titular de Economía ha explicado que la Junta defiende la protección de la salud sin discriminación por razón alguna, frente a un sistema de beneficencia y asegurados, como establece el Real Decreto-Ley 16/2012 de Medidas urgentes relativas al Sistema Nacional de Salud, dictado por el Gobierno central.
Frente a ello, ha apuntado, el Gobierno andaluz apuesta por aumentar la eficiencia de los recursos públicos sin que suponga detrimento en las prestación de los servicios de protección de la salud, en condiciones de igualdad y sin exclusiones.
Respecto al ámbito educativo, Ávila considera el acceso a la formación como un derecho irrenunciable que los Gobiernos están obligados a garantizar y ha recordado que el Gobierno andaluz ha impulsado instrumentos como el sistema de becas o las ayudas al estudio y medidas para minimizar los efectos de otro Real Decreto-Ley (el RDL 14/2012) del Gobierno de España, orientado a reducir el déficit incrementando la aportación del alumno.
Así, Andalucía será la única Comunidad Autónoma en la que, en el curso 2012-2013, se aplicará un precio único en primeras y segundas matrículas, sin distinción por ramas de conocimiento. Los precios públicos para dicho curso se situarán en los mínimos de las horquillas fijadas por el Real Decreto-Ley del Gobierno central, lo que supone que el 98% del alumnado universitario se verá mínimamente afectado por la aplicación de dicha norma.
En esta línea, el consejero ha destacado el papel fundamental de la Universidad en el modelo económico que impulsa el Gobierno andaluz, como motor de I+D+i y de formación cualificada, y ha señalado que el presupuesto de la comunidad para este año incremente un 10% respecto al año anterior la dotación del Programa de Investigación Científica e Innovación.
Esta apuesta ha posibilitado, ha recordado el titular de Economía, que Andalucía cuente con un alto potencial investigador e innovador y que, y a pesar de las dificultades económicas, las Universidades andaluzas hayan realizado el mayor esfuerzo de I+D de toda España (el gasto en I+D en 2010 fue de 723 millones de euros, el 17% del total de las Universidades en España) y hayan crecido el número de patentes (+4,8% en 2011; 476 patentes) en un contexto de caída a nivel nacional (-5,3%).
