La violencia en Arauca se ha recrudecido en los años posteriores a la firma del Acuerdo de Paz: mientras en 2016 se registraron en el departamento 76 homicidios atribuibles al conflicto armado, en 2021 fueron 146 por la misma causa. Las confrontaciones de la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, sumadas a la ausencia del Estado, propiciaron un escenario de violencia en los municipios de la región.
Los datos analizados por el abogado Edixon Geicel Gamboa Peña, magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), también muestran que mientras en 2014 se registraron en el departamento 49,8 muertos por cada 100.000 habitantes, en 2019 la tasa fue de 51,05 muertes, la más alta desde 2016. Solo en 2017, un año después de la firma del Acuerdo de Paz, esta bajó a 24,75.
“Entre los factores que han influido en el aumento de la tasa de homicidios atribuibles al conflicto armado se encuentra la falta de implementación de los acuerdos, los bajos índices en el desarrollo de la región, los problemas socioeconómicos y la ausencia del Estado”, afirma el magíster, quien para su investigación recolectó y analizó la información de las víctimas de homicidio en el periodo 2010-2021, considerando aspectos como nacionalidad, género, edad y escolaridad.
Así, también determinó que los municipios más afectados son Tame, Saravena y Arauquita, “este último con un incremento del 296 % en las tasas de homicidio con respecto a 2017”, anota.
Además halló que el 75 % de las muertes en Arauca obedecen al conflicto armado, y en el 90 % de ellas las víctimas son hombres.
Así mismo, revela que desde 2015, con la llegada de migrantes venezolanos, hubo un aumento en los homicidios de estas personas. En 2019 se reportaron 19 ciudadanos de ese país asesinados.
“La tasa de homicidios en el departamento es fluctuante debido a los diferentes sucesos sociales, políticos y sanitarios que así lo permiten”, asegura el magíster, quien en su trabajo muestra cómo la tasa de muertes afecta directamente la salud pública de la región, ya que influye en los bajos índices de desarrollo y no tiene la capacidad de atender las muertes que crecen día a día. Entre otras afectaciones, anota que los ataques afectan la infraestructura, entre ella, los centros de salud y la red vial; también se pierde conexión de energía y se dificulta el acceso a medicamentos y atención básica en salud.
En relación con las afectaciones directas se tienen las discapacidades provocadas por los intentos de homicidios o la explosión de minas antipersonal; también, las consecuencias psicológicas para las víctimas, familiares y comunidad que provocan trastornos mentales como depresión o ansiedad, o conductas como el abuso del alcohol, drogadicción e incluso violencia intrafamiliar.
Implementación de la paz, la deuda pendiente con Arauca
La violencia en el departamento toma mucha más fuerza cuando llegan diferentes actores armados como el ELN, la antigua guerrilla de las FARC y los paramilitares.
El informe de la Comisión de la Verdad revela que allí existe una relación con la presencia de grupos armados y la explotación y exploración petrolera de la región, principalmente de Caño Limón, uno de los pozos petroleros más importantes del país.
La misma entidad asegura que el departamento pasa por una etapa “de reconfiguración del conflicto armado”, lo que significa que las dinámicas presentes antes de los diálogos de paz con las FARC han cambiado por fenómenos como el aumento de la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y la poca respuesta eficiente del Estado.
Frente a ello, el investigador Gamboa señala que “la falta de implementación de lo acordado y la ausencia del Estado repercuten en el bajo desarrollo de la región, los índices de escolaridad y la pobreza”.
Agrega que con una tasa de homicidios en aumento y sin cambios contundentes en la implementación del Acuerdo de Paz, problemáticas como la pobreza siguen alimentando el círculo de la violencia. Muestra de ello es que Arauca presenta un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas del 32,45 %, con un 9,42 % de las personas en la miseria.
Frente al recrudecimiento de la violencia, el investigador les recomienda a los entes territoriales y nacionales establecer diálogos de paz con los diferentes grupos armados, además, de políticas públicas integrales que tengan en cuenta la seguridad, la salud y la educación.
