El consejero andaluz de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha abogado hoy por una ley que atienda las demandas reales de la comunidad universitaria. Así lo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia en el Parlamento andaluz para informar sobre la incidencia que la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) puede tener en el conjunto del sistema universitario andaluz si la norma sale adelante en los términos planteados por el Gobierno de España en el proyecto de ley que se tramita actualmente en las Cortes Generales.
En este sentido, Gómez Villamandos ha mostrado su convencimiento de que “el sistema educativo debe estar en permanente evolución para dar respuesta a los continuos desafíos a los que nos enfrentamos porque hoy, más que nunca, las universidades son fundamentales en la búsqueda de análisis y soluciones a los complejos problemas que plantea la sociedad actual”.
Por este motivo, el consejero ha resaltado que “es imprescindible que esta Ley nazca del consenso, no sólo de los partidos políticos y de la comunidad universitaria, sino de toda la sociedad”. Y es que, en palabras del consejero, “los rectores, gran parte también de la comunidad universitaria, buena parte de las comunidades autónomas, así como organizaciones sindicales, estudiantes, consejos sociales y el propio Observatorio del Sistema Universitario mantienen serias discrepancias con el actual proyecto”.
El titular de Universidad, Investigación e Innovación ha hecho hincapié en que la Ley propuesta por el Gobierno se queda corta para lo que requiere el sistema universitario español. “Es una ley que elimina la regulación armónica del actual sistema universitario, lo que llevaría a la existencia no solamente de 17 sistemas universitarios, uno por comunidad autónoma, sino incluso a 50 modelos, uno por cada universidad pública”, ha criticado.
Además, Gómez Villamandos ha advertido de que el texto normativo deja a criterio de las universidades cuestiones tan relevantes como la definición de los requisitos mínimos que deben cumplir los aspirantes a rectores, la composición y dimensión de los claustros y consejos de gobierno y no da respuesta a las funciones que deben tener los Consejos Sociales ni incorpora requisitos sobre las estructuras de las universidades.
En otro orden de cosas, el consejero ha advertido de que el texto supone una disgregación del sistema universitario al incluir la posibilidad de que las agencias autonómicas puedan evaluar en el proceso de acreditación para plazas de funcionarios del Estado. “Esto rompería el carácter estatal de los cuerpos docentes y generaría grandes diferencias entre territorios, pudiendo llegar a poner en riesgo, incluso, la calidad de la oferta académica.”, ha detallado.
En el aspecto económico-financiero, Gómez Villamandos ha alertado de que “estamos ante una Ley que genera más gasto, pero con menor financiación para la Universidad”. “Es inasumible exigir a las comunidades autónomas aumentar la financiación sin dotarlas de fondos para ello”, ha sentenciado.
De esta forma, Gómez Villamandos ha advertido de que “podemos encontrarnos con un escenario en el que una comunidad invierta mucho mientras otra invierta menos, generando así una España de dos velocidades; un agravio evitable con diálogo previo”.
No obstante, en materia de financiación, la LOSU sí plantea apoyo económico expreso para los campus que impartan programas en lenguas cooficiales; es decir, “establece la singularidad lingüística como un parámetro de financiación, generando así otros agravios comparativos”, ha indicado.
Gómez Villamandos ha asegurado que “la LOSU, tal y como está planteada, no es una ley moderna, no permite a las universidades proyectarse hacia el futuro, no les facilita ser más europeas y se limita a solventar problemas que podrían haberse resuelto por otras vías, sin entrar a reformar la gobernanza, la transparencia o la rendición de cuentas”.
Por otro lado, Gómez Villamandos ha mostrado su disconformidad con la consideración de indefinidos de los profesores asociados con el objetivo de rebajar al 8% la temporalidad contractual en la Universidad española que, en muchas de ellas, se encuentra ahora en torno al 40%. “Esta medida sigue precarizando a los asociados con contratos que realmente no son de calidad y pervierte la versatilidad de la figura del asociado, que debe ser un profesional externo en activo laboralmente en la empresa o la función pública y que aporta en algunas titulaciones la experiencia práctica”, ha advertido.
De la misma forma, a juicio del consejero, “no podemos estar de acuerdo con la necesidad que incluye la norma de crear comisiones externas para la evaluación de los ayudantes doctores, ya que se trata de un proceso tedioso y costoso, que generaría cuellos de botella en la promoción del profesorado y en la correcta dotación de plazas”.
En cuanto al estudiantado, Villamandos ha incidido en el perjuicio que supone la falta de mención a una prueba única en toda España para el acceso a las universidades que garantice la igualdad de todos los estudiantes españoles, vivan donde vivan y estudien donde estudien. Es una ley –ha dicho– que olvida al alumnado porque no establece medidas de fomento a la formación dual y obvia la empleabilidad, no introduce mejoras en el ámbito de las becas y pasa de puntillas sobre aspectos fundamentales como la cultura y el deporte universitario.
Por otro lado, ha hecho también mención a la falta de ambición del texto en el ámbito de la internacionalización y ha pedido que se eliminen las trabas que existen actualmente para atraer estudiantes internacionales. “Esta norma no cumple las expectativas en cuanto a la internacionalización, ya que se limita al impulso de una estrategia que ya existe, sin contemplar incentivos ni medidas efectivas, poniendo además trabas a los campus europeos”, ha lamentado.
Para concluir, Gómez Villamandos ha resaltado que una ley de esta envergadura necesita de “mayor maduración y de búsqueda de consensos amplios” para alcanzar un escenario satisfactorio para todas las partes implicadas. Por este motivo ha dicho que, desde Andalucía se han realizado numerosas propuestas que “consideramos imprescindibles” para mejorar el texto normativo, como la necesidad de reducir la burocracia a través de instrumentos como la implantación de un currículum único nacional, buscar la excelencia y fomentar la movilidad internacional mejorando el sistema de becas para el estudio o reconocer, impulsar e incentivar la formación dual universitaria, entre otras.
