El vicerrector de Política Científica de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Antonio Mas, es claro al sostener que la Ley de Ciencia no resuelve algunas de los problemas de la investigación en este país. El responsable de políticas de investigación de la UCLM expresa una opinión crítica hacia este texto, que reforma la anterior ley de ciencia de 2011, y lamenta que no se haya previsto la financiación adecuada para la I+D+i.
Podemos empezar por un balance general, ¿qué le ha parecido esta Ley de Ciencia?
La anterior Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, necesitaba adaptarse a las nuevas situaciones surgidas durante la última década. En líneas generales, es una Ley que a mi juicio carece de audacia para resolver algunas de las lagunas que tiene nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación. Por ejemplo, no resuelve la desventaja que tenemos respecto a los países de nuestro entorno en cuanto a financiación, algunos de los cuales doblan el % del PIB que dedican a I+D+i. Tampoco resuelve la inexistencia de una carrera investigadora bien estructurada y definida como, por ejemplo, podemos encontrar en Francia con distintos niveles con distintas responsabilidades y salarios en consonancia.
¿Cree que va a mejorar el acceso de investigadores jóvenes a universidades y centros de investigación?
La falta de financiación y de una carrera investigadora son algunos de los factores que hacen de la investigación un sector poco apetecible para los jóvenes. El ambiente laboral, con muchos menos recursos que otros países, hace que muchos jóvenes con vocación decidan desarrollar sus carreras investigadoras en instituciones fuera de España. Y, por supuesto, la falta de una carrera investigadora bien definida, provoca incertidumbres que los jóvenes resuelven yendo a otros países. Estos dos problemas no se resuelven de manera satisfactoria en el nuevo texto aunque se intenta dar soluciones para aumentar la tasa de estabilización.
Uno de los asuntos más polémicos es el tener que hacer contratos indefinidos a investigadores vinculados a proyectos temporales, se supone que va a genera un sobrecoste en indemnizaciones de despido cuando ese proyecto termine, ¿qué repercusión tendrá sobre su universidad?
El presupuesto de los proyectos es un valor absoluto y sobre ese valor hay que hacer las cargas monetarias. Ni esta Ley ni el gobierno que la ha promovido han considerado de ninguna manera el aumento real del presupuesto dedicado a I+D+i, ni el de la universidad ni de los proyectos de investigación. Por otro lado, el presupuesto de la universidad es aprobado por el gobierno regional y, desde hace unos meses, contamos con un compromiso quinquenal del gobierno a este respecto. En ese compromiso no se tenían en cuenta estos cambios, porque no se conocían, y no se contempla el impacto sobre el presupuesto que tendrá la puesta en marcha de la nueva ley. El momento actual es de análisis por parte de las instituciones afectadas, entre ellas las universidades y necesitaremos varios meses para ver el impacto real y las posibles medidas de acción para hacer frente a estas novedades.
Por otro lado, ¿será efectivo el itinerario postdoctoral para la incorporación a un puesto más estable?
Las plazas ocupadas por investigadores postdoctorales de programas de excelencia tipo Ramón y Cajal de nuestra universidad ya eran ofertadas por una bolsa correspondiente al 15% del total de la tasa de reposición. Cuando un investigador de estos programas está llegando a la finalización de su contrato solicita dos evaluaciones, la de la ANECA que le acredita para presentarse a plazas de profesorado universitario, y la R3 (antes denominada I3) que le permite acceder por la bolsa del 15%. Si se cumplen estos requisitos, la universidad puede ofertar esa plaza permanente y el investigador presentarse. Esto supone una facilidad para los postdoctorales de estos programas y no ha cambiado, ni mejorado, con la nueva ley. En cualquier caso, tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla la aplicación de la nueva acreditación R3 y si se amplían los colectivos que la pueden solicitar.
También aspira a reducir la carga administrativa que conllevan los proyectos de administración, ¿realmente se conseguirá con esta fórmula?
El texto insta a los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación que formen parte del sector público estatal a promover la adopción de medidas para la reducción de cargas administrativas y duplicidades en los procedimientos de acreditación y evaluación, evitando pedir documentación que ya se tenga o que no sea necesaria. Este tipo de medidas ya se estaban aplicando en muchas ocasiones para evitar carga de trabajo en las unidades administrativas dedicadas a la gestión de la investigación. La carga de trabajo en estas unidades se ha multiplicado sin un aumento proporcional de plantilla y este tipo de medidas han tenido que ser aplicadas con anterioridad a la publicación de estas modificaciones a la Ley 14/2011.
La promoción de la transferencia también aparece entre sus objetivos, ¿de qué forma se podría potenciar mejor?
La innovación y transferencia son actividades que necesitan de una base muy sólida de investigación básica. Esta base falla en España falla por las razones esgrimidas en los puntos anteriores (financiación y falta de carrera investigadora). La modificación de la Ley 14/2011 establece algunas medidas para incentivar la participación de los investigadores en actividades de transferencia que ya se estaban aplicando como, por ejemplo, que se tengan en cuenta estas actividades en procesos de evaluación y selección. De hecho, ya se convocó y resolvió el complemento asociado al sexenio de transferencia. También se incide en los periodos de excedencia del personal funcionario para poder realizar actividades de innovación y transferencia en empresas, y la participación del personal investigador funcionario en sociedades mercantiles. Sin embargo, uno de los graves problemas que ya se mencionan en el preámbulo de la ley es que el tejido productivo está constituido, en su inmensa mayoría, por empresas pequeñas, poco implicadas en competencias tecnológicas. Por tanto, tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla la ley para poder analizar hasta qué punto se impulsa la creación de un tejido empresarial más potente en este tipo de actividades.
