Desde este martes, día 17 de mayo, en el que ha superado su último trámite tras un proceso iniciado a finales de 2019, el Estatuto del Estudiante de la Universidad de Almería es ya una realidad que muestra la capacidad de consenso de toda la comunidad universitaria almeriense. El Consejo de Gobierno ha aprobado por unanimidad un texto que ha sido fruto de la ilusión y de la participación. Se aclaran los derechos y deberes de los estudiantes.
En la elaboración del documento se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas por el Consejo de Estudiantes, las ocho Delegaciones de Estudiantes de los centros, varios representantes a título individual, decanos y directores de Departamento y, finalmente, tras la suma de los órganos de representación del profesorado universitario, se ha elaborado un documento que va a servir como modelo y que es de los más avanzados en esta materia.
Esta nueva normativa viene a cumplir varios de los compromisos del actual rector con los estudiantes de la UAL. En concreto, los contemplados en los objetivos 9 y 14 del Programa de Gobierno de la Universidad de Almería, que hacen referencia al desarrollo de la carta de derechos y deberes de los estudiantes.
“Uno de los grandes valores de este Estatuto es que no deja a nadie atrás, ya que incluye especificaciones para determinados colectivos. Además, aborda la regulación de la representación estudiantil y, como muestra del avance que supone, se adelanta a la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario, que se encuentra actualmente en trámite, regulando también el ejercicio del derecho al paro académico por parte del sector estudiantil”, asegura el director de Secretariado de Participación estudiantil y Asociaciones, Bernardo Claros.
Estos son también los argumentos a los que se remite su redacción, en la que han participado todos los sectores de la universidad y que ha alcanzado el consenso de la comunidad universitaria y la aprobación unánime en el máximo órgano de gobierno de la UAL. “El Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión ha culminado un proyecto lleno de ilusión y de compromiso de todos”, ha afirmado la vicerrectora Maribel Ramírez.
Por estos motivos, ha recibido el elogio de Nicolás Hernández, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, que ha sostenido que “servirá de base y modelo a la regulación que otras universidades tienen que iniciar en el futuro”.
El resultado es un compendio en el que cualquier estudiante puede verse reflejado, incluyendo los que pertenecen a los colectivos con tratamientos diferenciales. Habla de estudiantes con discapacidad, deportistas de alto nivel, personas cuidadoras de dependientes, estudiantes que compaginan estudios y trabajo, o con cargas familiares, o estudiantes embarazadas. En un texto único, se presenta la carta general de derechos y deberes generales y específicos de todos estos colectivos.
La andadura de esta nueva normativa comenzó a finales de 2019, cuando el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la UAL comunicó a los recién nombrados representantes estudiantiles de aquel curso la puesta en marcha del proyecto. Se ha superado una pandemia en el proceso y, por fin, se ha logrado un texto ampliamente consensuado.
Y es que las restricciones del confinamiento frenaron su desarrollo hasta final del curso 2019/2020, cuando se presentó a los estudiantes un primer borrador al que aportar ideas y enmiendas. El proceso de participación por parte de los estudiantes fue muy enriquecedor, se presentaron 75 aportaciones para mejorar el texto final por parte del Consejo de Estudiantes, las ocho Delegaciones de Estudiantes de los centros y distintos representantes a título individual.
Una vez cerrado el texto, se presentó a los decanos y directores de Departamento, que aportaron nuevas ideas a su contenido para que, finalmente, y tras las aportaciones de los órganos de representación del profesorado universitario, se consensuara la versión definitiva que ha sido aprobada este martes día 17 de mayo.
A pesar de los retrasos de la pandemia y a que se ha pretendido que los sucesivos equipos del Consejo de Estudiantes participaran retomando el proyecto en los dos cursos que han transcurrido desde su inicio, el texto facilitará la labor tanto de los representantes de estudiantes como de la propia institución para el desarrollo de futuras normas y la aplicación y garantía de los derechos y deberes de los estudiantes.
En relación al paro académico, se ha desarrollado el derecho recogido en el artículo 11.f) de los Estatutos de la Universidad y el objetivo fundamental de la regulación no es tan solo definir los tipos de paro, los requisitos y la legitimación para su convocatoria, o la duración máxima, sino, fundamentalmente, establecer mecanismos de conciliación para resolver los conflictos que dan origen a ese paro.
