Expertos en la materia analizarán, del 11 al 13 de julio en Almería, las novedades de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, tanto sus fundamentos teóricos como la interrelación entre la ordenación espacial y las nuevas demandas sociales como las ‘smart cities’ o la adaptación del urbanismo al cambio climático.
Será en el marco del Curso de Verano ‘Retos y oportunidades de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía’, dirigido por Lorenzo Mellado e Íñigo Del Guayo.
“Durante estos tres días y a lo largo de 11 sesiones desarrollaremos los aspectos más importantes de esta nueva ley, una ley muy importante porque pretende sentar las bases del desarrollo urbano y territorial de nuestra comunidad en las próximas décadas”, ha explicado Lorenzo Mellado.
Su director ha destacado la importancia de este curso. “Lo importante de este curso es la novedad, es una ley muy importante porque es una ley que va a tener mucha trascendencia por su aplicabilidad en todos los municipios por la necesidad de que todos se adapten a sus prescripciones y que dado su carácter reciente todavía no se ha visto desarrollada y apenas hay estudios sobre la misma y puede ser muy interesante un primer Curso de Verano en la UAL sobre esta temática”.
Durante el curso se prestará atención tanto a sus fundamentos teóricos como a la ineludible interrelación entre la ordenación espacial y las nuevas demandas sociales (‘smart cities’; el principio general de circularidad de la actividad económica y productiva; la adaptación del urbanismo al cambio climático; las relaciones entre la ordenación del territorio y la Nueva Agenda Urbana, etc.). “Además, pretendemos conectar estas innovaciones normativas con otros temas de importancia. Por ejemplo, la despoblación en el ámbito rural, los temas de eficiencia energética en edificaciones, la protección del litoral o el derecho de acceso a la vivienda”.
La LISTA pretende dar una nueva y remozada respuesta al urbanismo tradicional, enlazando con los nuevos e ineludibles paradigmas de la protección y regeneración de la ciudad consolidada y de integración sostenible e inteligente entre la ordenación territorial y la actividad urbanística.
Las modificaciones de la LISTA van a tener una incidencia notable a nivel urbanístico y territorial. El proceso de adaptación del planeamiento y de revisión de los postulados previos en materia de ordenación territorial va a suponer un esfuerzo importante por parte de las administraciones locales, por lo que conocer las novedades de esta ley será imprescindible, siendo este curso una buena oportunidad para ello.
Este curso se presenta como una herramienta imprescindible también para otro tipo de profesionales, puesto que las nuevas previsiones de la ley van a afectar decisiva e intensamente sobre la actividad de promoción y desarrollo (económico, turístico, comercial, etc.) de los operadores privados, de tal forma que los nuevos postulados de ordenación territorial sostenible se van a convertir en los parámetros clave de condicionamiento de cualesquiera iniciativas y actuaciones sobre el territorio, con especial atención, además, a las medidas de adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares.
Para hablar de esta ley, participarán grandes especialistas para una visión tanto teórica como práctica de la ley.
“Contamos con una serie de ponentes muy importantes como Silvestre Martínez García, ex profesor de la UAL y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero también un especialista en materia de urbanismo con una dilatada experiencia en esta materia. Además, está Gerardo Roger, que es una de los especialistas más importantes en la disciplina del Derecho urbanístico. Francisco Garrido, jefe de la sección de planeamiento del Ayuntamiento de Almería y una serie de profesores del mundo académico especialistas en esta materia. Es una combinación interesante entre teoría y práctica que es lo que pretendemos con este curso”.
Oferta un total de 30 plazas y está destinado a alumnos e investigadores, así como para los representantes electos, gestores y empleados públicos implicados en el desarrollo de la Ley.
