Salvemos Mojácar, organización dedicada a la lucha contra la situación ilegal del hotel del Algarrobico, ha remitido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en la que se incluyen dos decálogos, uno de denuncias contra la actuación de la Junta en el caso del hotel y otra con los motivos por los que se debería demoler la construcción. En estos Decálogos se enumeran todas las anomalías que el ente institucional ha cometido y está cometiendo.
La más pesada acusación, entre otras no menos graves, es la doble moral del gobierno andaluz, pues no concuerdan los esfuerzos, de cara a los medios, para demoler el hotel con los datos de la organización ecologista, que apuntan a que la Junta trabaja por la legalización del mismo. Por otro lado Salvemos Mojacar exige medidas contundentes ante los responsables, como la Consejeria de Medio Ambiente, Obras Públicas y el delegado de Vivienda y Territorio Luis Caparrós, y medidas acordes a un delito como ignorar cuatro sentencias tajantes del Tribunal Contencioso-Administrativo de Almería, a saber; la TS, la AN, la TSJA y el TCAA. Además del cese de los responsables gubernamentales, la organización ecologista exige el fin de las negociaciones con la promotora, y por supuesto la demolición del hotel sin indemnización alguna, causante esta última, en gran medida, de la dilatación del proceso.
La implicación de las instituciones anteriormente mencionadas en el proceso de aprobación del Plan Parcial parece pues, evidente. Este acuerdo se fundamenta en la supuesta falsedad de los planos del PORN 94, que dotaba a la zona de una protección de suelo, convirtiéndolo en Parque Natural. Pues en virtud de esta falsedad se aprueba otro PORN en el que se declara el terreno del Algarrobico como urbanizable.
Nos encontramos por tanto ante un evidente caso de la corrupción y la especulación urbanistica que azota a nuestro pais. Tampoco es nueva la manipulación de la opinión pública de este clase de promotoras, que justifican este tipo de construcciones con el desarrollo económico, social y cultural del que gozarían estas localidades, cuando en realidad no se necesitan más argumentos que el grandioso valor ecológico y medioambiental que tiene este paraje, sin duda, patrimonio de todos nosotros, nosotros los humanos me refiero.
Por todo ello, la defensa, la promoción real y la preservación sin excepciones de este magnífico Parque Natural, debe ser el primer objetivo del gobierno andaluz. Se trata pues, de una exigencia obligada y urgente, una actuación ejemplarizante por parte de la Junta, comenzando por por el fin de las negociaciones con la promotora y terminando por el cese de los responsables institucionales que falsificaron los documentos que protegían al suelo de Carboneras, suelo este único en su especie
