Artículo de
Juan José Rubio Guerrero
Catedrático de Hacienda Pública de
la Universidad de Castilla-La Mancha
El problema del encarecimiento del combustible y la energía está provocando un choque muy negativo en el conjunto de las economías europeas y, en particular, en España. Para muchas actividades supone su principal coste, que les deja sin margen para poder ni siquiera equilibrar sus cuentas, impulsándolas al cierre y poniendo en riesgo el abastecimiento de productos básicos y la producción industrial, cuyos precios se ven, por su componente energético, disparados, siendo los más altos registrados nunca. Ante ello, nos adentramos en un terreno que puede parecer de economía-ficción, pero que no es descartable del todo que suceda, que nos llevaría a un intervencionismo intenso en los mercados, el racionamiento y el empobrecimiento.
De la batería de instrumentos disponibles para reducir el impacto de la crisis ucraniana, y siempre que la UE no ponga trabas, la medida más clara es la bajada de impuestos, pues una política fiscal expansiva por el lado de menores tributos aliviará el coste de muchos sectores y hará que se tensen menos los cuellos de botella, que siguen financiados con la liquidez abundante del BCE y que, por tanto, siguen constituyendo un problema para acabar con la inflación.
No obstante, la bajada de impuestos tiene sus ventajas, pero también sus costes en plena crisis energética. La gasolina y el disesel han acelerado su tendencia alcista con la crisis bélica en Ucrania, alcanzando máximos históricos. Sectores económicos fundamentales en la estabilidad económica y social del país como el transporte, agricultura y ganadería exigen soluciones urgentes en forma de ayudas para subsistir. Pero ¿que impuestos tocar? Básicamente, los dos impuestos que inciden directamente sobre el precio final de los productos energéticos: el impuesto de hidrocarburos y el IVA.
En el caso de impuesto sobre Hidrocarburos, aunque el efecto podría ser inmediato, la UE establece unos mínimos y España está muy cerca de ese nivel. El margen es muy limitado y no llegaría a más de cinco céntimos por litro.
Por lo que se refiere al IVA, la rebaja puede ser mayor si se rebaja del 21 al 10%, como ya se hizo con la electricidad. Sin embargo, hay que pedir permiso a Europa, razón por la cual se está aplazando la decisión. En todo caso, esta medida debería ser selectiva y aplicable a aquellos sectores intensivos en hidrocarburos: transportistas, servicios públicos, pescadores, etc, y, en todo caso, hasta que se regularice la situación de precios de los mercados energéticos, pero evitando dar fechas ciertas de retirada de incentivos para limitar posibles acaparamientos de productos a precios artificiales.
La razón es que, dada la inelasticidad de la demanda y la falta de competencia en el sector de hidrocarburos, puede que una reducción de impuestos general acabe no llegando a los consumidores y se quede en el margen de beneficios de las empresas del sector. Por ello, defendemos concentrar las rebajas fiscales en sectores con alta capacidad para negociar precios, es decir, las organizaciones representativas de los profesionales que son intensivos en hidrocarburos. Adicionalmente, una rebaja artificial del precio de los productos, por motivos fiscales de forma generalizada, puede distorsionar la demanda de consumo de estos productos a nivel global, haciendo que los paises productores, entre ellos la propia Rusia, puedan ser los beneficiarios de estas medidas fiscales en forma de mayor producción e ingresos de forma excepcional.
Pero no hay que perder de vista, los efectos de pérdida recaudatoria que supone este recorte fiscal. A titulo de ejemplo, las medidas para reducir el coste de la factura eléctrica se evaluan en unos 12.000 m€, aproximadamente, una nómina mensual de las pensiones públicas. En el caso, del IVA, hay una ventaja recaudatoria, como la base imponible del IVA es el precio de venta del producto y este se ha incrementado, se está obteniendo una recaudación adicional excepcional que podría utilizarse, total o parcialmente, para rebajar la carga fiscal de los hidrocarburos, aunque puede ser insuficiente para compensar el incremento real de los costes enérgeticos. Un dato adicional es que el Estado, además de renunciar a la recaudación por IVA, tendra que compensar a las CC.AA por su decisión ya que las competencias sobre tipos del IVA corresponde al Gobierno. Por ello es muy importantes que se visualice un compromiso de todas las administraciones de cara a la defensa de esta posible rebaja fiscal.
Artículo de opinión de Juan José Rubio Guerrero, catedrático de Hacienda Pública de la UCLM.
