Un estudio realizado por la campaña Ciudades Limpias (Clean Cities en inglés), en el que se analiza la movilidad y la calidad del aire de 36 ciudades europeas, concluye que ninguna de las cuatro ciudades españolas participantes aprueba en calidad del aire.
El último informe elaborado por la campaña europea Ciudades Limpias (Clean Cities en inglés), impulsada por 60 organizaciones en seis países europeos, muestra un estado de situación muy mejorable para España respecto a la movilidad y la calidad del aire.
Los resultados de este ranquin, que ha analizado 36 ciudades europeas, supone un toque de atención general a los ayuntamientos en un momento clave para la implementación de políticas de movilidad sostenible. Oslo, Ámsterdam y Helsinki lideran esta clasificación. El top 10 lo cierra Barcelona, la primera ciudad española en aparecer. Bilbao y Madrid ocupan los puestos 14 y 16 respectivamente. A la cola se sitúa Granada, que sólo alcanza la posición 27.
El estudio analiza once indicadores agrupados en torno a cinco categorías: espacio para las personas, la seguridad vial, el acceso o existencia de políticas de movilidad respetuosas con el clima, y la calidad del aire. Como nota global, Barcelona obtiene un 5,7; Bilbao un 5,5 y Madrid un 5,3; es decir, aprobados muy justos. Granada no llega al suficiente, se queda en el 4,6.
Sin embargo, si nos fijamos exclusivamente en los datos de calidad del aire, las cuatro ciudades españolas suspenden, a pesar de que el estudio considera los agregados de 2017 a 2019. En el caso de Madrid, por ejemplo, estos fueron precisamente los años en los que se puso en marcha con éxito Madrid Central y se impulsó BiciMAD, dos políticas que el actual gobierno municipal ha abandonado.
Carmen Duce, coordinadora de la campaña Ciudades Limpias en España, denuncia “el abandono del actual equipo de gobierno de Madrid de medidas para favorecer la movilidad activa, el transporte público, y reducir el número de coches en la ciudad. Madrid acumula ya doce años consecutivos (2010-2021) de vulneración sistemática de los valores límite recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Ni siquiera en una situación pandémica que ha conllevado fuertes limitaciones a la movilidad. Madrid es una ciudad ahogada en contaminación por el tráfico que ninguna otra ciudad española debería emular”.
Por otra parte, Granada, una de las ciudades más contaminadas de España, no obtiene ni siquiera un aprobado en la puntuación global, si bien es cierto que su especial orografía le juega una mala pasada. El ayuntamiento puede y debe tomar medidas para reducir los niveles de contaminación, como por ejemplo restringir el tráfico alrededor de los colegios, como vienen demandando las organizaciones vecinales y ecologistas, implementar zonas de bajas emisiones efectivas y ambiciosas y mejorar la red de transporte público.
Si bien las ciudades españolas cuentan con sistemas de transporte público asequibles, su accesibilidad -esto es, el número de paradas en relación al tamaño de las ciudades-, es de lo más deficiente. En este indicador, Madrid se sitúa a la cola de la tabla, con una nota de 2,7 sobre 10. Más grave aún es el caso de Granada, que se queda con un 2,3. Bilbao, referente en movilidad sostenible, obtiene una puntuación global de 5.
Laura Vergara, coordinadora general de Conbici, indica “en cuanto a infraestructura para las bicis, las cuatro ciudades analizadas se encuentran en la mitad inferior de la tabla, Madrid apenas consigue una puntuación de 0,8 sobre 10, y Granada 0,6, de las más bajas del ranquin. Las ciudades españolas tienen un gran reto por delante, para facilitar e impulsar la movilidad ciclista, de manera eficaz y segura para garantizar la seguridad de las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte y aquellas dispuestas a utilizarla en el futuro”.
Desde esta perspectiva, no podemos olvidar que la Ley de Cambio Climático obliga a todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes -149 en total- a poner en marcha Zonas de Bajas Emisiones que mejoren la calidad del aire que respira su población, así como a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Deben estar implementadas el 1 de enero de 2023, por lo que las ciudades tienen poco más de 10 meses para transformar sus calles en espacios abiertos, amables y vivibles.
Cristian Quílez, responsable de proyectos en ECODES, una de las entidades miembro de Clean Cities, señala que “este estudio muestra que las ciudades españolas tienen mucho camino por recorrer. Animamos a los políticos a dar pasos al frente y adaptarse al momento si de verdad quieren apostar por su ciudad. Son necesarias políticas de movilidad adecuadas para avanzar hacia las cero emisiones antes de 2030.
Las elecciones municipales de 2023 deben ser un aliciente y no un freno para poner en marcha medidas ambiciosas que protejan la salud de las personas. Una muestra de ello debería de ser la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones”.
Descarga el informe completo en español, y en inglés.
