Los rectores y rectoras han firmado un documento, en el que muestran sus preocupaciones por que la financiación que los Presupuestos de Andalucía prevén para las universidades de la región sea insuficiente y genere “incertidumbre”.
Durante este año 2021, desde el Sistema Universitario Público Andaluz (SUPA) admiten que la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y las Universidades públicas andaluzas han mantenido un debate riguroso y constructivo, “en el que ha imperado la lealtad institucional, que ha conducido a la aprobación por el gobierno de Andalucía de un documento de bases de un modelo, que los rectores y rectoras entendemos de reparto, y que se convierte en un instrumento de financiación de las Universidades públicas de Andalucía, aplicable al quinquenio 2022-2026″. El posicionamiento de AUPA en relación con el documento finalmente aprobado ha sido claro en dos aspectos que los rectores y las rectoras han considerado esenciales “por una parte, reconocemos y agradecemos el esfuerzo e interés de la Consejería con competencia en Universidades y la voluntad política de este gobierno para dotar al SUPA de un instrumento que permita atender sus necesidades de financiación, basado en la mejora continua a través del avance en determinados objetivos y en la rendición de cuentas a la sociedad, principios que compartimos plenamente.
Los rectores andaluces, ha manifestado su “preocupación por la incertidumbre e inquietud que genera la ausencia de un compromiso concreto de envolvente económica en general, y para el ejercicio 2022, en particular, dado que el documento aprobado no recoge las bases que permitan a las Universidades públicas de Andalucía realizar una planificación económica, al menos a medio plazo”.
Por ello, y con el propósito de garantizar la suficiencia financiera de las Universidades Públicas de Andalucía para el próximo año, los rectores y rectoras solicitan que en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2022, y en lo referente a Universidades, se incluya el incremento del límite de gasto de personal autorizado a las Universidades (cota de gasto de personal) al objeto de poder atender, al menos, el crecimiento vegetativo, los compromisos pendientes de los Acuerdos de la Mesa General de Negociación firmados en 2018 y, en su caso, el posible incremento salarial de los empleados públicos.
Asimismo, desde el colectivo de rectores andaluces, solicitan que “la envolvente financiera prevista para la Financiación Básica Operativa no debe ser, en ningún caso, inferior al límite de gasto de personal autorizado a las Universidades en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2022″.
De lo contrario, consideran que “además de ser una contradicción en sí misma entre el gasto de personal autorizado y los recursos para atenderlos, supondría un retroceso que agravaría aún más la sostenibilidad financiera del sistema. Así mismo, suman a estas consideraciones que la envolvente financiera prevista para la Financiación Básica Operativa no debe superar el 80% de la de financiación ordinaria total para el SUPA, “puesto que, de lo contrario, sería inviable la aplicación del documento de bases del instrumento de financiación aprobado en lo relativo a la Financiación Básica de Convergencia y a la Financiación Estratégica que, conjuntamente, han de contar con el 20% de la de financiación ordinaria total”.
“Entendemos que estamos en un momento crucial para reconocer y reforzar el papel que las universidades deben jugar para seguir contribuyendo al desarrollo socioeconómico y cultural de nuestra región y a la mejora de la calidad de vida y bienestar de nuestros ciudadanos; de ahí nuestro deseo de trasladar a este gobierno nuestro posicionamiento y nuestra predisposición absoluta para trabajar lealmente en la búsqueda del mayor consenso y de un respaldo masivo de la comunidad universitaria andaluza para que las premisas antes mencionadas sean tenidas en consideración”, finaliza el documento remitido por el conjunto de rectores andauces.
Los firmantes fueron Carmelo Rodríguez Torreblanca, rector de la Universidad de Almería; Francisco Piniella, rector de la Universidad de Cádiz; José Carlos Gómez Villamandos, rector de la Universidad de Córdoba; Pilar Aranda Ramírez, rectora de la Universidad de Granada; Mª Antonia Peña Guerrero, rectora de la Universidad de Huelva; Juan Gómez Ortega, rector de la Universidad de Jaén; José Ángel Narváez Bueno, rector de la Universidad de Málaga; Miguel Ángel Castro Arroyo, rector de la Universidad de Sevilla; José Ignacio García Pérez, rector de la Universidad Internacional de Andalucía; y Francisco Oliva Blázquez, rector de la Universidad Pablo de Olavide.
