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La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, y el director territorial Sur de Telefónica Móviles España, Joaquín Segovia, han rubricado un convenio para la creación de la cátedra “IA, Ciberseguridad y Sociedad Cognitiva”.
La nueva cátedra tendrá su sede en la UGR y su objetivo será generar un núcleo de reflexión y análisis sobre la investigación acerca del impacto social de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
Asimismo, la UGR y Telefónica han firmado un convenio marco de colaboración orientado al desarrollo de la sociedad de la información, la formación de recursos humanos, el incentivo de demostradores de tecnología y de servicios de vanguardia, la provisión de contenidos educativos, la realización de estudios o foros de discusión o el fomento de servicios de I+D.
En el acto de firma han intervenido la rectora de la UGR, Pilar Aranda; el director territorial Sur de Telefónica, Joaquín Segovia; y el director de la cátedra “IA, Ciberseguridad y Sociedad Cognitiva”, Pedro García Teodoro.
Además, el evento ha contado con la presencia del vicerrector de Investigación y Transferencia, Enrique Herrera; la gerente de la UGR, María del Mar Holgado; la delegada de la rectora para la Universidad Digital, María Begoña de Pino; el director de Innovación y Transferencia de la UGR, Jesús Banqueri; el subdirector de Estudiantes y Extensión Universitaria de la ETS de Ingenierías Informáticas y de Telecomunicación, Juan José Ramos; el director del Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital (CEPRUD), Gabriel Maciá; el director técnico de Proyección Social, Patrocinio y Mecenazgo de la UGR, Antonio Marín; el director de Administración Pública Sur de Telefónica, Rafael Expósito; el jefe de ventas de Administración Pública Sur de Telefónica, Luis Vaquerizo; el ejecutivo de Cuentas de Telefónica, Alejandro Pérez-Hidalgo; y la adjunta a la Dirección Territorial Sur de la compañía, Cristina Lirio.
Los convenios de colaboración firmados tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, siendo prorrogables por un máximo de cuatro años.