Luis Miguel Pastor Garcia
Desde la Asociacion Española de Bioetica y Etica Medica queremos trasladar nuestra posición contraria a la proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados para la regulación de la eutanasia. Reiteramos la posición de AEBI que se manifestó en el comunicado de 19 de cctubre de 2018 y que puede consultarse aquí.
Afirmamos que la regulación de la eutanasia es una medida injusta, insolidaria y favorecedora de la desigualdad social, en cuanto se convierte en un instrumento de presión frente los más débiles y vulnerables. Esto aún es más grave cuando las instituciones públicas no han puesto de forma completa y suficiente todos los medios sanitarios y sociales para ayudar a los ciudadanos a vivir con dignidad el proceso final de la vida. En concreto, aliviando el sufrimiento mediante cuidados paliativos eficaces aplicados por profesionales capacitados.
La misión de los profesionales sanitarios es promocionar y respetar la vida humana, no decidir o ejecutar la muerte. Por ello, la Asociación Médica Mundial se opone al suicidio asistido y a la eutanasia reiterando que: “la eutanasia, es decir, el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, es contraria a la ética”.
La justicia social y el bien común exigen que ningún ciudadano pueda cooperar o ejecutar la eliminación de otro aun cuando éste preste su consentimiento y hasta lo solicite. Al igual que en otros derechos fundamentales el estado debe legislar protegiendo a los ciudadanos en su derecho a la vida. Una situación concreta, por muy dramática que sea, y que no representa la situación más frecuente de los enfermos al final de la vida no puede elevarse como norma, máxime si además conlleva consecuencias negativas para el bien común: debilitamiento de la actitud de respeto a la vida de los más débiles y empobrecimiento del quehacer sanitario.
El deseo de renunciar a la protección jurídica de la propia vida no puede ser universalizado y convertido en un derecho con el consiguiente deber por parte de los profesionales sanitarios de poner fin a las vidas de sus pacientes o de cooperar de manera necesaria a su muerte, por más que se reconozca el derecho a la objeción de conciencia. Esto dejaría a muchos ciudadanos expuestos a abusos a pesar de las medidas preventivas que se tomaran en una regulación legal. La sola muerte de una persona al amparo de esta futura ley y que no estuviera incluida en los supuestos despenalizadores de ella la haría injusta, algo que de partida se da por supuesto, en cuanto que en su articulado se contempla que la vida del enfermo está a merced de los juicios subjetivos de terceras personas.
Tal y como ya se ha comprobado en los pocos países del mundo en donde se ha introducido la práctica de la eutanasia bajo la excepcionalidad de aplicarla en casos extremos de sufrimiento insoportable ésta produce una insensibilización paulatina de los médicos que la practican, terminando por aplicarla en otros casos de enfermos similares pero que no cumplen con esa condición. La evolución de la ley de la eutanasia acaba tarde o temprano en la ilegalidad al banalizarse las condiciones iniciales bajo las cuales se legalizó.
La Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI) está dispuesta a colaborar con el Gobierno, partidos políticos, asociaciones y colegios profesionales, desde su ámbito de estudio e investigación, tato en la elaboración como en la puesta en marcha de medidas que favorezcan humanizar más el final de la vida en nuestro sistema de salud.
Luis Miguel Pastor García. Presidente de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica(AEBI) y catedrático de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia.
