La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, y el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, han suscrito un protocolo de colaboración para proceder a la demolición y a la posterior recuperación de la playa de El Algarrobico, en el término municipal de Carboneras (Almería), una vez se produzca un pronunciamiento judicial favorable y firme.
El objetivo de ambas administraciones es colaborar para lograr en el futuro la demolición del hotel y la restauración de la zona. Tanto el Ministerio como la Junta, dentro del compromiso de impulso de una gestión sostenible, integrada y concertada del litoral andaluz, en general, y del Parque Natural Marítimo-Terrestre Cabo de Gata-Níjar, en particular, consideran imprescindible la actuación coordinada entre ambas administraciones para desarrollar tanto la adecuada protección ambiental de la costa, como de su integridad física y de su naturaleza pública, a la vez que prestar una gestión eficaz y correcta de la misma.
El documento suscrito recoge que, tan pronto como sea posible y al amparo de lo que en su caso resuelvan los órganos judiciales competentes, ambas administraciones deben contribuir a la inmediata demolición del hotel El Algarrobico y a la posterior restauración y recuperación ambiental del espacio en el que se sitúa. De acuerdo con el plan conjunto que desarrollarán ambas administraciones, el Ministerio de Medio Ambiente se compromete a abordar la financiación de la demolición de la edificación.La Junta de Andalucía, por su parte, se compromete a abordar el desescombro y correcta gestión de los residuos que esta demolición genere.
Con el fin de compatibilizar el objetivo de protección del medioambiente y la creación de empleo, Ministerio y Junta adoptarán un plan de empleo juvenil a desarrollar en el entorno del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que incluirá el establecimiento de una Escuela Taller enfocada a la restauración de los ecosistemas costeros y litorales, una vez haya sido demolido el edificio. Para la ejecución de las acciones previstas en este protocolo, ambas partes se comprometen a contar con las empresas locales.
Para proceder a la demolición, resulta determinante el pronunciamiento de los tribunales con respecto a la licencia de obra y la ejecución provisional de la sentencia de instancia en la que se condena al Ayuntamiento a su revisión.
