La incertidumbre económica, la inseguridad alimentaria, el poco acceso a servicios básicos y el desempleo que viven los 1,7 millones de migrantes venezolanos que hay en Colombia se convierten en factores de riesgo para desencadenar depresión e incluso ideas suicidas, entre otros problemas de salud mental. La Universidad Nacional de Colombia advierte que el país tiene un sistema deficiente que no garantiza la atención en salud mental a esta población.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2021 había en Colombia 1.700.000 venezolanos, cifra que aumenta en departamentos fronterizos donde el paso de migrantes es diario, como sucede en Arauca, donde la frontera con el estado venezolano de Apure hace que el departamento ocupe el puesto número 11 del país con el mayor flujo de migrantes.
Las consecuencias de migrar resaltan en los índices de inseguridad alimentaria, desnutrición, precariedad económica y rechazo social. Pero, dentro de estas consecuencias también se encuentran los problemas de salud mental, una situación que empeora cuando se llega al país receptor donde existen barreras para la atención en salud.
Ante este panorama, la psicóloga Darly Martínez, magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Orinoquia, ofrece una serie de recomendaciones para garantizar la atención en salud mental en migrantes venezolanos que llegan al municipio de Arauca.
Algunas de las recomendaciones que resaltan en la investigación son: modificar la cobertura en salud para abarcar a la población migrante; mejorar la atención primaria en los centros de salud, e implementar políticas públicas acordes con las necesidades de la población migrante, específicamente en zona de frontera.
La psicóloga asegura que en Colombia para acceder a los servicios de salud mental se debe ser atendido primero por un médico general, el cual remite a un psiquiatra o un psicólogo. “Esta es la atención primaria en salud, pero la remisión puede tomar hasta dos semanas. La situación es mucho peor para los migrantes máxime cuando son irregulares”.
En la tesis, dirigida por la profesora Vanessa Ortiz Piedrahíta, de la UNAL Sede Orinoquia, se hace un llamado para que se incluya a la población migrante en las estrategias de prevención del suicidio, además de cualificar equipos comunitarios, formar de manera consecutiva y suficiencia al equipo humano para la ejecución de procedimientos, y además fortalecer el entorno del migrante para disminuir el riesgo de los problemas mentales.
Problemas mentales y emocionales producto de la migración
La llegada a Arauca supone una serie de riesgos para los venezolanos; por un lado, se enfrentan a las pocas opciones económicas; a septiembre de 2022, el departamento tenía una tasa de desempleo del 27,3 %, una de las más altas de país, y por otro lado deben afrontar la violencia que afecta a la región; la Defensoría del Pueblo indica que en el departamento acumula la preocupante cifra de 300 asesinatos en lo que va corrido del presente año.
“Las personas vienen con una carga de estrés, de ansiedad, de preocupaciones porque dejan a su familia y deben llegar a trabajar para enviar dinero. Esto repercute en problemas físicos como dolor de cabeza o problemas para dormir, y también genera condiciones de la salud mental que varían desde los cuadros mixtos de ansiedad y depresión, estrés agudo, estrés postraumático y trastornos de adaptación” expresa la magíster Martínez.
Señala además que es importante garantizar un derecho a la salud mental expuesto en la Ley 1616 de 2013 que establece 16 derechos específicos en este ámbito. Sin embargo, es pertinente que esta normativa también cobije a la población migrante, entendiéndolos como sujetos de derechos dignos de una atención prioritaria en la salud.
La profesional recomienda mejorar los sistemas de recolección de datos tanto de las entidades territoriales de salud como de las cooperaciones internacionales. “Esto permite visibilizar realmente la población migrante que está siendo atendida en temas de salud mental” añade.
De igual manera, teniendo en cuenta la salud como un derecho fundamental, es necesario disminuir las barreras de acceso a atención primaria en salud a los migrantes sin condicionar su estatus regular o irregular. Según el DANE, el 57,1 % de los migrantes del país reportó que no todos los miembros de sus familias tienen atención a la salud, en especial por falta de documentación legal.
“Seguir las experiencias de países como Belice, Brasil, Chile y Cuba donde se han reformado las políticas de salud mental con la implementación de redes de servicios ambulatorios, modelos de atención psicosocial, programas nacionales y centros comunitarios” anota.
Garantizar una atención a la salud mental en Arauca es pertinente si se tiene en cuenta que, según el último reporte del DANE, el departamento está entre los 6 con las mayores tasas de suicidio del país, con una cifra de 9,4 por cada 100,000 habitantes, situación que empeora en los departamentos que aún no incluyen la Política Nacional de Salud Mental.
