La Fundación CYD ha presentado en Madrid el Informe CYD 2018, la decimoquinta edición de su informe anual sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo. El acto ha contado con la participación de la presidenta de la Fundación CYD, Ana Botín; el presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos; el presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación CYD, Javier Monzón y el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales, Antonio Abril.
En su intervención, Ana Botín planteó los desafíos que debe asumir la universidad española y reclamó medidas para eliminar las barreras que actualmente le impiden adaptarse al cambio tecnológico y a las exigencias de la sociedad: “No creo que haya nada más urgente para España que mejorar nuestro sistema educativo. Es un tren que España no puede perder y la revolución digital y del conocimiento no nos va a esperar. O apostamos de verdad ahora por el conocimiento o nos volveremos a quedar en la periferia de la prosperidad”.
Por ello, la presidenta de la Fundación CYD pidió los recursos que precisa esta institución y que se proceda a la mejora del marco legal del que depende: “La universidad española necesita gestionarse de manera más ágil y flexible, y con mayor autonomía. Y a cambio ofrecer a la sociedad más transparencia, responsabilidad y una mejor rendición de cuentas”.
Tras 15 años de publicación anual e ininterrumpida, el Informe CYD se ha convertido en un documento de referencia para el análisis del sistema universitario español y más específicamente de su contribución al desarrollo económico y social de España.
Esta última entrega constata que el sistema universitario español, tanto en cifras como en la opinión de los expertos, está superando ya los impactos de la crisis económica y valora los resultados y las respuestas de la universidad española a las demandas sociales de manera satisfactoria y, en muchos casos, excelente.
Observa cómo la universidad se diversifica y propone soluciones diferentes adaptadas a sus distintas demandas tanto de conocimientos como territoriales. Asimismo, evidencia el éxito en dotar a España del mayor porcentaje de titulados superiores de la historia en la población activa (y por tanto un capital humano preparado), si bien certifica un desajuste importante entre la demanda y la oferta tanto en cantidad como en calidad.
A pesar de estos hallazgos, el informe pone de manifiesto la existencia de barreras sustanciales que impiden el desarrollo y mejora de determinados indicadores, tales como la internacionalización, la excelencia en la investigación, la capacidad de adaptación de las titulaciones a la demanda de los ocupadores, la flexibilidad y celeridad en la mejora de la docencia, incluso en la transferencia y la valoración de la universidad.
Con todo ello, concluye que existe la necesidad de un decidido avance hacia una reforma que permita a la universidad española gestionar con mayor capacidad, agilidad y modernidad las respuestas a los nuevos retos sociales y económicos así como seguir mejorando su posición en los rankings en relación a las universidades del mundo. En esta línea, reafirma el sentimiento generalizado de que la reforma educativa se debe afrontar con firmeza y de manera prioritaria para que la universidad goce de mayor autonomía, mejor gobernanza, más rendición de cuentas, eleve su presupuesto y pueda asumir sus responsabilidades y compromisos.
Recuperación incompleta y tendencias predominantes
Según el Informe CYD 2018, el sistema universitario español aún no logra alcanzar los niveles previos a la crisis pero sí se distinguen señales de recuperación en algunos indicadores. No obstante, los retos no son pocos.
Matriculados. El curso 2017-2018 ha sido el sexto consecutivo con variaciones anuales negativas en el número de matriculados en grado para el conjunto del sistema universitario español, mientras que el máster oficial registra un notable incremento. Además, contrasta la evolución siempre negativa de los matriculados de grado en las universidades públicas con el número positivo en las privadas. Por su parte, el máster oficial registra un notable incremento de alumnos en los dos tipos de universidades. Al analizar en conjunto grado y máster, el 19,3% de los matriculados estudia en instituciones privadas.
Oferta universitaria. Por el lado de la oferta se registra un aumento continuo de universidades privadas en España ya que, desde la creación de la última universidad pública en 1998, se han autorizado más de 20 privadas. En total, las 88 universidades autorizadas (83 activas) ofrecen un total de 8.526 titulaciones oficiales: 2.920 grados, 3.567 másteres, 1.137 doctorados, 810 dobles grados y 92 dobles másteres.
Las universidades a distancia representaron en el curso 2017-2018 casi un 15% de los matriculados en grado y un 24% de los alumnos en master.
Atendiendo a la información de la OCDE, Education at a Glance 2018, el porcentaje de estudiantes internacionales en España en grado en 2016 (último año disponible) seguía siendo mínimo: 0,9%. Solo México y Chile, de los 28 países que brindan información completa al respecto, tenían un menor valor que el español (para el conjunto de la OCDE el dato era del 4,3% y para la UE-23, del 6,5%).
En el caso del máster, sin embargo, el dato en España del 8% se acerca más al de la OCDE (11,9%) y al de la UE-23 (12,9%). Algo similar ocurre con el doctorado, con un 15,5% para España (25,6% para la OCDE y 22,6% para la UE-23). El total de estudiantes internacionales en la educación superior alrededor del mundo asciende ya a 5 millones de personas, más que doblando las cifras de principios de siglo.
Personal docente. En relación al personal docente e investigador (PDI) se registra, en el curso 2017-2018, un aumento del 2,1% alcanzando los 122.910 trabajadores. Una característica relevante del personal docente es su elevada edad media (el profesorado de 60 años y más que deberá jubilarse en la próxima década asciende a 20.000 personas).
Egresados. Continúa la disminución del número de titulados de grado (191.803 en el curso 2017-2018) y aumenta el de máster oficial (112.122 en el mismo curso). Por su parte, las universidades no presenciales, aunque representan el 6,2% del total de egresados en grado, se acercan al 20% de los titulados en máster oficial.
Gasto en I+D. El gasto en I+D en relación al PIB registra por primera vez desde el 2010 un aumento del 1,2%. Acompaña a esta subida el incremento en los últimos 3 años del número de empleados en actividades de investigación y desarrollo.
En referencia al gasto en I+D ejecutado en la educación superior, hay un aumento del 4,4% en el año 2017 respecto al anterior, siendo las universidades públicas quienes destinaron más gasto a estas actividades (89,97%).
Además, por primera vez en 7 años, se registra una recuperación de la financiación de la I+D universitaria por parte de las empresas. El volumen de captación de recursos fruto de la colaboración universidad-empresa confirma la tendencia de recuperación observada desde el año 2015.
Sin embargo, la solicitud de patentes participadas por las universidades por vía nacional continúa en tendencia decreciente. También disminuyen los contratos de licencia y la creación de spin-off en las universidades españolas (este último con la cifra más baja en la última década).
Resultados de la investigación. Continúa la tendencia en relación a los resultados de investigación (más cantidad, menos calidad), ya que si bien el volumen de producción científica crece, su crecimiento convive con el descenso del liderazgo y la excelencia científica de España, que además registra un declive en la colaboración internacional.
Financiación y recursos. Otra lectura que se desprende del Informe CYD 2018 es la del gasto total en educación superior por estudiante, un 20% inferior al de la OCDE; indicador cuya evolución disminuyó en España un 13% en el periodo 2010-2015, lo que contrasta con el incremento de la OCDE (11,8%).
Según la información más reciente, los presupuestos liquidados de las universidades públicas presenciales presentaron en 2017, por tercer año consecutivo, incrementos de los ingresos y gastos (aunque respecto a 2009 el total de ingresos fue inferior a un 11,5%). Dentro de los ingresos, las transferencias corrientes recibidas, en buena parte de las comunidades autónomas, fueron un 15,2% inferior a 2009. En cambio, la recaudación por tasas y precios públicos ha sido un 18,2% superior.
Desajuste entre oferta y demanda de los titulados universitarios
El Informe CYD 2018 destina un capítulo especial a analizar la inserción laboral de los graduados españoles extrayendo algunos rasgos fundamentales. Entre los aspectos positivos de los egresados comparados con el resto de la población, cuanta más formación posee un trabajador, mayor proporción está con contrato indefinido, a tiempo completo y por cuenta ajena. Además, conforme más nivel de formación, más ingresos procedentes del trabajo realizado.
El desempleo de los titulados universitarios en España se mantiene elevado y por encima de otros países del entorno. La población con educación superior (25-69 años) tiene una tasa de paro del 8,9% (el doble que la media de la Unión Europea) que asciende a 14,9% si se considera solo a los jóvenes de 25 a 29 años. En cualquier caso la tasa de paro de los graduados universitarios es inferior a la del resto de la población activa
Entre los desajustes, el informe señala que la oferta de titulados universitarios es superior a la demanda de empleo cualificado generada por el tejido productivo, el cual además ha crecido a un ritmo mucho menor. Este desfase entre oferta y demanda deviene en altos niveles de sobre cualificación.
Así, del total de graduados superiores ocupados en el mercado de trabajo español, el 37,6% desempeña tareas que no son de alta cualificación, la cifra más elevada de todos los países de la Unión Europea. Sin embargo, y paradójicamente, un porcentaje elevado de empresas tiene dificultad para cubrir puestos de trabajo de determinadas cualificaciones como consecuencia de los cambios que se producen en el mercado laboral.
En conclusión, esta situación pone en evidencia la necesidad de promover vías de colaboración entre la universidad y la empresa, más allá de aumentar y perfeccionar los programas de prácticas, curriculares o no, en las compañías. Además, hay que potenciar iniciativas como la formación universitaria dual, los doctorados industriales, los programas de formación conjunta entre universidades y empresas, aumentar la permeabilidad entre los ciclos formativos de grado superior y las titulaciones universitarias y, en general, todas aquellas acciones que permitan reducir los desajustes señalados.
Más recursos y mejor autonomía, desafíos de la universidad española
En línea con el crecimiento de la economía española en los últimos 5 años, la universidad está logrando revertir los efectos de la crisis y de las políticas restrictivas llevadas a cabo a partir de 2009, tales como la reducción de las transferencias de las administraciones públicas a las universidades, el límite a la tasa de reposición del profesorado universitario y la caída en los presupuestos de I+D.
Dichas circunstancias han condicionado las posibilidades de adecuación de la universidad a la evolución de la demanda y han penalizado su posicionamiento internacional. Sin embargo, y a pesar de las dificultades, no hay duda de que el sistema universitario español ha conseguido llevar a cabo sus objetivos institucionales con unos resultados muy notables.
La necesidad de una reforma se ha visto reforzada por la emergencia de nuevos desafíos. Algunos de ellos son consecuencia directa de las políticas de la Unión Europea relacionados con el desarrollo del espacio europeo de educación superior y otros debido a los cambios económicos y sociales que se desprenden del avance tecnológico. Entre ellos, el aumento de la internacionalización y competencia entre universidades ha ocasionado respuestas con propósitos globales, cuyo ejemplo más reciente es la creación del programa Universidades Europeas.
Algunos de los retos a los que se enfrenta la universidad son un mayor compromiso con la empleabilidad de los graduados, la responsabilidad social universitaria, la digitalización, la oportunidad o necesidad de fusiones e intercambios de la oferta universitaria. También se requiere una mejor convivencia de las universidades públicas con las privadas y la emergencia de nuevos centros educativos, que sin ser universitarios ocupan de manera creciente el espacio reservado a las universidades.
Al describir y analizar la situación de la universidad española, el Informe CYD 2018 concluye que el nuevo escenario de competencia universitaria nacional e internacional, y las transformaciones económicas y sociales fruto del cambio tecnológico, proponen retos que precisan de más recursos y de una reforma del marco legal al que están sometidas. Dicha reforma ha de permitir a la universidad española gestionarse de manera ágil, flexible, con mayor autonomía y con la necesaria responsabilidad y rendición de cuentas.
