El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, en sesión celebrada esta semana, informó favorablemente, por unanimidad, las cuentas anuales de 2017 para su posterior elevación al Pleno del Consejo Social que, celebrado en el día de hoy, ha aprobado dichas cuentas también por unanimidad. Los estados financieros a 31 de diciembre de 2017 fueron presentados por la Gerente, María del Mar Holgado, quien explicó que la Universidad de Granada mantiene una situación económico-financiera equilibrada, saneada y sostenible, gracias a las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto de toda la comunidad universitaria, y también al cambio de Modelo de Financiación del Sistema Universitario Andaluz (que aunque no ha sido aprobado aún sí ha supuesto un incremento de la financiación para la UGR, si bien aún resulta insuficiente para la institución universitaria que sigue exigiendo la suficiencia financiera por parte de la Junta de Andalucía).
El resultado presupuestario de 2017 refleja un déficit de 4,18 millones de euros frente a un resultado deficitario de 8,06 millones en 2016, lo cual muestra la corrección de los resultados de manera progresiva. La Universidad de Granada ha cerrado el año con un presupuesto de gastos liquidados de 386,29 millones de euros, un remanente de tesorería (de libre disposición) de 34,64 millones de euros y un activo total de 641,64 millones.
En comparación con la situación financiera a 31 de diciembre de 2016, las cuentas de 2017 muestran una importante mejora de los resultados y una tendencia al equilibrio presupuestario y el control del gasto. La Gerente destacó la total desaparición de las tensiones de tesorería, fruto de la minoración de la deuda de la Junta de Andalucía hasta niveles no significativos en las cuentas de la institución, permitiendo el pago a proveedores en un reducido número de días (periodo medio de pago de 15 días en 2017). Igualmente destacó el esfuerzo que ha supuesto para la institución el abono íntegro de la paga extraordinaria de 2012 adeudada a sus trabajadores, liquidación que permitirá en años posteriores aumentar el esfuerzo inversor en una mayor dotación de infraestructuras y equipamiento docente e investigador.
