El Grupo Ecologista Mediterráneo ha cuestionado las limpiezas de la vegetación de las ramblas y cauces secos de la provincia de Almería que se están acometiendo en los últimos meses, tras las avenidas que se produjeron con el paso sucesivo de varias tormentas y gotas frías, al entender que esa supuesta ‘limpieza’ no acaba con el problema, sino que más bien es un nuevo elemento de riesgo dado que, libre de obstáculos, el agua alcanza mayor velocidad de paso y sus efectos son más destructivos.
En un escrito dirigido a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, el grupo ironiza sobre el “extremado interés” por acabar con la vegetación propia de estos espacios, “que parece estorbar a la Administración mucho más que los invernaderos, almacenes e incluso urbanizaciones que se han permitido en los cauces públicos”. Y de hecho los mayores daños se producen en unas instalaciones como las citadas de las que son responsables quienes las promueven y administraciones por autorizarlas en zonas de riesgo, muchas veces catalogadas como tales, y que pueden llegar provocar pérdidas de vidas humanas, como así ha ocurrido en varias ocasiones”.
Recuerda el GEM que esas limpiezas compulsivas, que suelen responder a las voces de quienes consideran que la vegetación es el gran problema, constituyen un error casi siempre: en primer lugar porque se da vía libre para la salida de las ramblas con una velocidad mucho mayor, que termina con todo tipo de residuos en el mar. En segundo lugar porque las vegas siempre han sido muy ricas para la agricultura porque las salidas y desbordamientos de los ríos dejan en ellas una buena dosis de limos que regeneraban y enriquecían los terrenos de las huertas.
La dinámica fluvial es así de fastidiosa, indican los ecologistas, que recuerdan que vivir cerca de un cauce supone riesgos, “que se incrementan si se nos ha ocurrido la feliz idea de ocupar la zona de policía para construir casas, negocios o invernaderos”, unas prácticas que consideran “sencillamente una insensatez, a nuestros abuelos y abuelas ni se les ocurriría hacer algo semejante sin que nadie se lo impidiera”.
Denuncia el grupo almeriense que este tipo de actuaciones se acometan con carácter de urgencia, sin un estudio previo y sin un análisis de los impactos que producirá, a pesar de que actuar en un cauce público constituye un delito grave, tanto para las leyes españolas como para las directivas comunitarias, de las cuales existe una amplia jurisprudencia. Por tanto, el dinero para estas actuaciones debería destinarse a la atención de las personas afectadas y a la limpieza de bienes y servicios, “pero en ningún caso debería sufragar los gastos de actuaciones precipitadas e ilegales, ocupando y modificando un cauce público.
Con la limpieza indiscriminada de los cauces se producen efectos indeseables como destrozar los hábitats existentes o romper la dinámica del agua que permitía que los cursos de agua se limpiasen solos. El escrito del GEM indica que, a los pocos meses, la caña común volverá a colonizar el terreno baldío y el problema o el efecto será el mismo que antes de la actuación, por lo que lo invertido será dinero tirado.
Esos efectos están recogidos en el Centro Ibérico de Restauración Fluvial que, en sus especificaciones técnicas, recoge las alteraciones e impactos generados con la limpieza de cauces, entre ellos “fuertes incrementos de los procesos de erosión, destrucción de la vegetación de ribera, anulación de la regeneración de la comunidades vegetales, destrucción de microhábitats, reducción acusada de la biodiversidad, impacto negativo sobre especies animales, incremento de especies oportunistas, fuerte empeoramiento del estado ecológico, aumento de las puntas de velocidad de las corrientes, impactos paisajísticos o generación de conflictos sociales entre partidarios y detractores.
Además, la eliminación de la vegetación propia de estos espacios no tiene en cuenta lo que ocurrirá aguas abajo, pudiendo provocar problemas de inundación sobre zonas donde antes no existía ese riesgo, sorprendiendo de lleno a la gente que viva allí.
Este tipo de actuaciones se acometen, simplemente, por comodidad, como una forma de ‘callar bocas’ de quienes protestan, una política de parcheo que no llega realmente a la raíz del problema. Es más cómodo autorizar y no convencer de que la denegación de una actuación no es muchas veces un capricho, sino un seguro de vida.
Por todo ello, el GEM ha pedido a la Administración andaluza que tenga en cuenta este tipo de cuestiones, que se deje de utilizar la urgencia como medio para obviar los procesos de información pública o de evaluación del impacto ambiental, que se elaboren planes de restauración o mantenimiento adecuados a cada caso, que se adopten medidas para que los cauces no sigan siendo utilizados como vertederos en los que acaban todo tipo de residuos y, naturalmente, que se eliminen todas aquellas instalaciones, como invernaderos, balsas o edificaciones que suponen un obstáculo “mucho mayor que la vegetación, para el libre discurrir de las aguas”.
