La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha manifestado su “absoluto rechazo” a la propuesta realizada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para la implementación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y exige al Gobierno central que asuma “toda la responsabilidad financiera” que implican las disposiciones de este nuevo marco normativo.
Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de Universidades de la Junta, Ramón Herrera, durante la sesión de trabajo a la que ha sido convocado hoy en Madrid, junto a otros representantes de las comunidades autónomas, con el fin de analizar ese primer borrador remitido, en el que se recogen para el conjunto del sistema universitario 4.200 nuevos profesores ayudantes doctores en los próximos cuatro años.
En virtud de ese documento, que establece una cofinanciación entre el Gobierno central y las comunidades, para Andalucía se plantea incrementar la plantilla durante ese periodo en 613 nuevos ayudantes doctores, lo que supondría para el Ministerio hacer frente únicamente a en torno a nueve millones.
Para Herrera esa aportación es “muy insuficiente e irrisoria” para asumir lo aprobado en la LOSU en materia de personal, al tiempo que ha denunciado que “esa distribución de recursos es contraria a la realizada en la primera reunión de la mesa de trabajo, donde se trasladó a los integrantes que la Administración central se haría cargo de las dos terceras partes que ahora se quiere imputar a las comunidades”. “La ministra no puede limitarse a las plazas de ayudante doctor a la hora de valorar todos los costes”, ha apostillado.
En cualquier caso, el secretario general de Universidades ha lamentado que la ministra Diana Morant “centre sus propuestas en medidas muy parciales que no solucionan nada, como es este caso de los ayudantes doctores, con los que se pretende dar una cobertura deficiente a la reducción de las horas de dedicación del profesorado”.
Por eso, le ha exigido que “tenga una visión más global de conjunto y determine el coste total que supondrá la implantación de esta ley”. De acuerdo con el estudio elaborado por los rectores, el compromiso financiero de la LOSU representa para el sistema público universitario andaluz una inyección adicional de 159,3 millones de euros, una cuantía que está muy lejos de la partida que está dispuesta a asumir la ministra Diana Morant.
“El Gobierno central tiene la responsabilidad de hacerse cargo de todas las exigencias financieras asociadas a la LOSU que, desde luego, están más cercas de lo calculado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)”, ha apostillado Herrera para añadir que “esos números deberían servir de base para concretar la financiación necesaria por parte del Ministerio”.
En ese contexto, el secretario general de Universidades ha advertido de que “algunas de las medidas introducidas por este texto legal ya están generando un importante gasto a las propias universidades públicas españolas y andaluzas también”. En ese sentido, se ha referido a los contratos adicionales que desde el 1 de enero de 2024 se han tenido que formalizar para cumplir con la limitación de las 180 horas por curso de dedicación docente frente a las 240 horas fijadas anteriormente.
También ha aludido a la exigencia impuesta a las instituciones académicas de reservar el 5% de sus recursos a los planes propios de investigación. En el caso de Andalucía, Ramón Herrera ha recordado que la Junta ya hizo un esfuerzo por ayudar a su sistema público universitario transfiriendo 31 millones a estos instrumentos de planificación.
Asimismo, ha remarcado que el Gobierno central “no puede exigir más a las comunidades en materia de financiación universitaria, sobre todo, en el caso de territorios como Andalucía, cuyo nivel de compromiso es muy superior a la media”. Según ha aclarado, el esfuerzo inversor del Ejecutivo autonómico convierte a la región andaluza en la que más destina a educación pública universitaria respecto a su PIB, con un porcentaje que alcanzó ya el 1% en 2023 gracias a la aplicación parcial del nuevo modelo de financiación.
Precisamente, en septiembre del año pasado, la Junta aprobó, con el consenso de los rectores, el nuevo instrumento que guía la distribución de recursos, garantizando la suficiencia financiera y dando certidumbre al conjunto del sistema. Para el próximo ejercicio 2024 dicha herramienta contará con una cifra récord de 1.685 millones, lo que representa un incremento del 4% con respecto a la partida reservada el pasado 2023.
En relación con otros capítulos, desde la Consejería de Universidad se ha valorado que en la mesa de trabajo se haya acordado ampliar el plazo para adaptar los contratos ya existentes de profesores ayudantes doctor y asociados y que, a propuesta de Andalucía, se haya ampliado un año más el plazo para que las universidades adapten sus estatutos.
