El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada ha aprobado en la sesión ordinaria celebrada en la mañana del día 25 de noviembre la Oferta de Empleo Público (OPE) que define las necesidades anuales de recursos humanos de la institución, con asignación presupuestaria, que deberán proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso.
En el caso de la Universidad de Granada, sus Estatutos establecen que corresponde al Consejo de Gobierno aprobar la OPE de Personal de Administración y Servicios (PAS) que, para el presente año, según lo dispuesto en la Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, se corresponde con un 100% de la tasa de reposición, que vendrá determinada por el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2015, dejaron de prestar servicios en el PAS. En esta ocasión, el número total de jubilaciones y otras circunstancias que determinan la tasa de reposición de 2015 fue de 53 trabajadores/as (35 de PAS laboral y 18 de PAS funcionario).
Una vez negociada con los órganos de representación del PAS la distribución de estas plazas y emitido informe favorable por parte del Comité de Empresa y de la Junta de Personal Funcionario, ha sido elevada a Consejo de Gobierno para su debate la siguiente OPE 2016 del PAS de la Universidad de Granada, que fue aprobada por … votos a favor, … votos en contra y … abstenciones.
Tras más de 5 años de estancamiento en la plantilla, derivado de la prohibición inicial de la incorporación de nuevo personal (en el período 2012-2014) y de imposición posterior de las tasas de reposición (del 50% en 2015 y del 100% en 2016), la oferta de empleo aprobada es un claro reflejo de la apuesta de la Universidad de Granada por la incorporación de nuevos servicios y por una mayor especialización de los existentes y responde a la necesidad de establecer previsiones a corto y medio plazo de estabilización de funciones que vienen siendo demandadas por la comunidad universitaria y por la sociedad en general. Así mismo, esta oferta se plantea como un instrumento para reducir la provisionalidad en el empleo de determinadas categorías profesionales de la actual plantilla, fundamentalmente entre el personal funcionario interino y el personal laboral de las categorías de técnicos auxiliar.
