Todo el mundo entiende que por un piso en el centro de Almería se pague más que por uno en el Barrio San Luis o en El Alquián, pero que un piso en Oliveros (centro de Almería) tenga un valor catastral más elevado que otro en el Barrio de Salamanca, en Madrid, resulta muy difícil de explicar. Sin embargo, y por descabellado que parezca, viene sucediendo de ese modo desde que, en 2008, se aplicase a los almerienses una nueva revisión de los valores catastrales.
El hecho podría haber pasado desapercibido (pocos ciudadanos tienen ocasión comparar los valores catastrales de propiedades similares en distintos puntos de la geografía nacional) de no ser por las andanzas del architesorero popular Luis Bárcenas, cuyo proceso judicial nos ha permitido conocer que posee un piso de 315 m2. en el número 34 de la calle Príncipe de Vergara (Barrio de Salamanca, junto a las calles Goya y Velázquez, en plena Puerta de Alcalá), cuyo valor catastral es de 245.888 euros. De dividir los unos entre los otros, obtenemos una tasación de 780’60 €/m2.
El lector que resida en el centro de nuestra ciudad no debería comparar, si desea conservar su buen humor, estas cifras con las de su recibo de la Contribución.
Lamentablemente, el consejo llega tarde para nuestro convecino M.M.P.R., propietario de un piso de 244 m2. (zonas comunes incluidas), quien descubrió con estupor que la valoración catastral de su vivienda ascendía a 443.215 euros, es decir, a 1.816 €/m2. Más del doble que la de Bárcenas en pleno centro de Madrid.
Pero este tipo de tasaciones desmesuradas no sólo castigan los maltrechos bolsillos de los almerienses a través del IBI o de la Contribución, también lo hacen –y de manera muy notable- a la hora de vender la vivienda.
Puesto que la administración pública ha creado la ficción de que el valor de mercado de una propiedad jamás puede ser inferior al valor catastral, el primer problema con el que se encontrará nuestro vecino es el de reflejar el precio real de la venta, puesto que, como seguramente le explicará el notario a la hora de escriturar, de hacerlo, recibirá la famosa “complementaria” de Hacienda, reclamándole el pago de unos impuestos que no se corresponden con la realidad, pero que estará condenado a abonar en cualquier caso.
Así pues, y ante la imposibilidad de razonar con la Agencia Tributaria, nuestro vecino probablemente opte finalmente por reflejar como precio de venta el fijado por el catastro, por más elevado que éste pueda ser respecto al real, y por más mala leche que le provoque el sentirse víctima de una arbitrariedad semejante. A partir de ahí, y tomando como referencia el valor establecido por la administración, que no el real de la transacción, tendrá que pagar el IVA (7%, salvo para viviendas de protección oficial, que tributan al 4%), el ITP* (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales), el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, y el Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía).
A nadie se le escapa que en una situación como la que atraviesa aún el sector inmobiliario, con las actuales tasas de desempleo imposibilitando a los jóvenes el acceso a su primera vivienda, y con la supresión de las deducciones habituales para la compra de ésta; una fiscalidad sobredimensionada a causa de la valoración catastral no beneficia a nadie: ni al comprador, porque descubre que, una vez sumados los distintos impuestos, el precio es sensiblemente superior al que había previsto, y puede, incluso, que se encuentre fuera de sus posibilidades, o que le exija un esfuerzo adicional que ya no está dispuesto a realizar; ni al vendedor, porque se encuentra con que, a los precios actuales, y tras la razia del señor Montoro, probablemente no le interese vender.
Tal fue el caso de otro vecino de nuestra ciudad, J.A.I., de 72 años, quien tras decidirse a aceptar la oferta de un comprador, y cuando calculó las cantidades a las que tendría que hacer frente por los distintos impuestos (sobre el valor impuesto por la administración), tuvo que desistir de hacerlo. “Bien está que malvendas, pero que encima tengas que pagar impuestos de más para no tener problemas con Hacienda… ¡Por ahí sí que no paso!”, me repite cada vez que hablamos de aquel episodio.
El vecino almeiense al que nos referiamos, no pasa por ahí, y no debería pasar nadie, porque no tiene sentido que los valores catastrales de Almería sean los más altos de Andalucía, y unos de los más altos de España; porque no tiene explicación que un piso en el centro de nuestra ciudad valga el doble para la administración que un piso en pleno centro de Madrid; y porque es una absoluta necedad continuar apretando la soga fiscal entorno al cuello de un sector inmobiliario que se encuentra de por sí en situación agónica.
El señor Rodríguez Comendador debería reflexionar sobre todo ello, y debería hacerlo cuanto antes, porque esta situación no sólo está costando mucho dinero a los almerienses, sino que nos está costando también puestos de trabajo.
