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La UA recorta sus cuentas en más de 60 millones y advierte que alcanzará en 2018 el límite de su viabilidad económica

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante se ha reunido esta mañana para tratar los presupuestos de 2018.

La Universidad de Alicante recortará sus cuentas para 2018 en más de 60 millones de euros. Los presupuestos se han presentado este martes en un acto en el que la vicerrectora de Planificación Económica de la Universidad de Alicante, Mónica Martí, ha advertido que “en 2018 llegaremos al límite de nuestra viabilidad económica, es decir los ingresos obtenidos por subvención ordinaria de la Generalitat Valenciana, están comprometidos desde su origen”.

Concretamente, Martí ha explicado que si bien sobre el papel se observa un descenso en la previsión presupuestaria al pasar el presupuesto de 254,6 millones este año a 194,7 el próximo, ese recorte de dinero “correspondía a un ingreso finalista y extraordinario de 63 millones de euros destinado a la amortización de los bonos emitidos por la UA a través del BEI (Banco Europeo de Inversión)”. Por tanto  -explica-  “al eliminar este pago que distorsiona la serie, el presupuesto estimado para el próximo curso será algo más de tres millones de euros superior al real del año pasado”.

Pese a esta subida, Martí asegura no poder sentirse optimista “ya que seguimos todavía un 13% por debajo del umbral de 2009 y, por tanto, muy lejos de la financiación justa y suficiente por parte de la Generalitat Valenciana”. En este sentido, desde el Consejo de Gobierno se han alzado las voces para “urgir” una Ley de Financiación “que permita hacer política universitaria y nos dé un margen de maniobrabilidad para poder realmente planificar acciones a largo plazo”, aseguran.

Durante su informe, el rector, Manuel Palomar ha abundado en esta cuestión. Como presidente de turno de la Conferencia de Rectores de las Universidades  Públicas Valencianas, Palomar ha explicado que “es una reivindicación común cuya falta de respuesta por parte del Consell carece de fundamentos puesto que cuentan claramente con más ingresos fiscales derivados de la actual expansión económica. La cuestión es dónde deciden invertirlos”.  El rector mantiene la necesidad de tender a las políticas de igualdad o equiparación presupuestaria, por una parte con otros estamentos valencianos y, por otra, con otras autonomías.

Lo peor parado, un año más, serán las infraestructuras que sufrirán un recorte de algo más de 5 millones de euros. Desde el Consejo de Dirección se ha optado, de nuevo, por seguir apostando por las personas y la inversión  en  investigación, principalmente a impulsar el Parque científico.

El proyecto de presupuestos presentado e informado favorablemente esta mañana ha sido calificado de nuevo, como “de prudente” aunque Mónica Martí se ha aventurado a prever un crecimiento significativo en los ingresos por trasferencia de conocimiento e investigación. Este aumento se viene detectando en los últimos años, apoyado tanto en la prolongación del periodo de expansión de la actividad económica iniciado hace cuatro años y de la consolidación de las  sinergias entre la Universidad y el tejido productivo.

Tras el visto bueno favorable por parte del Consejo de Gobierno, la propuesta de presupuestos se someterá mañana miércoles, día 20 de diciembre, a la aprobación definitiva por parte del Consejo Social de la Universidad. La reunión, en sesión plenaria, tendrá lugar a las 12 horas en la sala de Juntas del edificio de la calle San Fernando, 40 de la Sede Ciudad de Alicante.

Aprobación del Protocolo Trans

Otro de los puntos destacados en el orden del día del Consejo de Gobierno de esta mañana ha sido la aprobación por unanimidad del “Protocolo de Atención a la identidad y a la expresión de género en la Universidad de Alicante”, uno de los denominados “Protocolo Trans” más avanzado y novedoso del país. Incluye, entre otros aspectos, la tramitación rápida para el cambio de nombre elegido, la adaptación curricular en la etapa terapéutica, la articulación del uso de los espacios comunes y la inclusión de medidas docentes, investigadoras, formativas y de sensibilización. Con esta normativa la UA hace extensiva la protección, además de a los tres colectivos universitarios, a las personas que trabajan en las contratas o como autónomas.

El Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad o Inclusión se reserva la capacidad de actuar de oficio ante cualquier constancia de violencia por transfobia u homofobia. Bajo su dependencia orgánica, impulsará el trabajo de la Unidad de Atención a la Diversidad cuyas competencias también se recogen en la normativa.

El protocolo entrará en vigor previsiblemente mañana, justo al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante.

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