El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, junto con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha celebrado este miércoles una reunión sobre la aplicación de la Disposición Adicional Quinta –referida a la obligatoriedad de incorporar al régimen general de la Seguridad Social a los estudiantes que realizan sus prácticas académicas externas- del Real Decreto Ley 28/2018 (BOE de 29 de diciembre) para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
Según el Gobierno la citada norma pretende mejorar las prácticas académicas sin alterar su desarrollo formativo y reforzar el sistema de protección social de los estudiantes españoles. Al incorporarse al régimen general de la Seguridad Social, las prácticas externas mejoran, además, en transparencia para las empresas y en eficiencia para el sistema universitario y de la Administración General del Estado.
En la reunión mantenida se han expuesto los argumentos del Gobierno y de las universidades, y CRUE ha compartido con el Gobierno el espíritu de la norma y los aspectos de la citada Disposición que deben ser objeto de regulación. Como es conocido, la norma fija un plazo de tres meses para su desarrollo reglamentario.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha expuesto la intención del Gobierno de construir los mejores acuerdos sobre esta cuestión con el objetivo único de favorecer la actividad académica de universidades y estudiantes; es decir, que las primeras no soporten gastos añadidos y los segundos ganen en derechos de protección social.
Por otra parte, en el mismo clima de confianza mutua, se ha convenido que cualquier disposición normativa que pudiera producirse no será de aplicación hasta el próximo curso universitario 2019-20.
Por último, el diálogo sigue abierto con los rectores y los otros sectores de la comunidad universitaria, y en una próxima reunión, que tendrá lugar en el espacio de quince días, se estudiará un informe de CRUE sobre prácticas académicas en las distintas titulaciones.
Por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han asistido a la reunión la secretaria de Estado de Universidades e I+D+I, Ángeles Heras, el subsecretario del Departamento, Pablo Martín y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón. En representación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social han asistido el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, y el director general de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez. Representando a CRUE han participado en la reunión su presidente y rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández, el responsable de Asuntos Estudiantiles y rector de la Universidad de Castilla-la Mancha, Miguel Ángel Collado, el responsable de Asuntos Académicos y rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas, y la presidenta del grupo de trabajo de Empleo de CRUE y vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante, Nuria Grané.
CRUE comparte el espíritu de la norma
Precisamente Crue Universidades Españolas ha emitido un comunicado en el que informa que comparte con el Gobierno el espíritu de la norma y considera muy positivos los acuerdos alcanzados en la reunión mantenida con los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
En este sentido, Crue Universidades Españolas entiende que la intención del Gobierno de reconocer el valor de las prácticas académicas externas de los estudiantes «es muy positiva» y, en este sentido, comparte los objetivos generales de la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto–ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
Además «celebra» el acuerdo alcanzado en la reunión para que la entrada en vigor de esta Disposición no se produzca antes del comienzo del curso académico 2019-2020 y «aplaude» la decisión de abrir un diálogo muy esperanzador sobre el desarrollo técnico del Real Decreto–ley.
También «valora muy positivamente la declaración expresa del Gobierno de trabajar para que los estudiantes ganen en derechos de protección social y para evitar que las universidades soporten gastos añadidos por la aplicación de esta normativa» y «agradece la actitud y el compromiso del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en especial de su secretaria de Estado, Ángeles Heras, en defensa de los intereses de toda la comunidad universitaria».
