Andalucía quiere “relanzar” la economía social

Andalucía quiere “relanzar” la economía social

La Junta pretende impulsar el emprendimiento social con un nuevo plan.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado iniciar los trámites del Programa de Relanzamiento de la Economía Social de Andalucía. La nueva estrategia reforzará las políticas autonómicas de apoyo a este sector clave del tejido productivo de la comunidad, integrado por casi 6.000 empresas (el 19,7% del total nacional), principalmente cooperativas y sociedades laborales que proporcionan 79.326 empleos (20,6%).

El programa incluirá un diagnóstico de la actividad y medidas para impulsar su contribución al empleo y fomentar la innovación, la colaboración empresarial, la profesionalización, el emprendimiento desde la educación, la igualdad de género, la oferta de viviendas cooperativas y la responsabilidad social y medioambiental, entro otros fines. De igual modo, se dará continuidad a las iniciativas de respaldo económico, que en los dos últimos años han  contado con un presupuesto total de 18,35 millones de euros (8,97 millones en 2017 y 9,38 en 2018). Estos incentivos se centran en fomentar el empleo, reforzar el asociacionismo y apoyar proyectos de promoción e innovación.

La nueva estrategia se adaptará a la nueva Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento; a la creación este año del Consejo Andaluz de Entidades de Economía Social, como órgano de interlocución y dialogo permanente entre el sector y la Administración autonómica, y a la reciente modificación de la Ley de Cooperativas, que reduce de tres a dos el número de socios necesarios para constituir este tipo de sociedades.

La elaboración del documento será coordinada por la Dirección General de Economía Social y Autónomos y contará con la participación de representantes y expertos del sector y otros agentes sociales. Una vez sometido a los trámites de consultas e información pública, y con las correspondientes aportaciones, el texto definitivo será aprobado por el Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. El desarrollo del programa tendrá un periodo de cuatro años, prorrogables por otros dos.

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