Palomares, radiactividad en el olvido

La contaminación por plutonio sigue en el enclave almeriense de Palomares 52 años después de que cayeran las bombas nucleares americanas y de muchas promesas incumplidas. El accidente nuclear de Palomares sigue vigente en la actualidad. 

Han pasado 52 años desde el accidente nuclear de Palomares en el que cayeron 4 bombas termonucleares, cada una 70 veces más potente que la de Hiroshima y la contaminación radiactiva de más de 400 hectáreas. Con el nuevo siglo se ha inventariado el plutonio que subrepticiamente dejaron en 1966 los norteamericanos a cambio del aval político al Dictador.

Ahora vemos que el gobierno saliente ha estado negociando secretamente con EEUU una nueva descontaminación parcial en contrapartida a multimillonarios contratos de infraestructuras y servicios, o cuán fácilmente se enquistan los problemas en la periferia peninsular. Todo ello a espaldas de los afectados y resto de los ciudadanos, al igual que en 1966, en contraposición con el régimen democrático actual.

Años 2003-2009. Radiactividad: cuánta, cómo y dónde

Desde 1966 hasta 2003 se mantuvo una versión de la historia oficial que muy poco tenía que ver con la realidad. El secretismo instaurado en la dictadura se había mantenido igualmente en los posteriores gobiernos democráticos. A partir de este año, poco antes de que el Gobierno de Aznar aprobara el inicio del Plan de Investigación (PIEM-VR) del CIEMAT para conocer la dimensión del problema, se reconoció oficialmente, por primera vez en 37 años, que el inventario de la contaminación radiactiva podría ser más alto de lo esperado.

Tras el estudio en 4 años de 660 ha y con los resultados obtenidos, se pudo computar el total de la contaminación del accidente nuclear de Palomares, que se extendía por unas 19 ha netas repartidas en 4 parcelas que afectaban a los términos municipales de Vera y Cuevas del Almanzora.

En ellas se halló casi medio kilo de plutonio (isótopos 238, 239, 240 y 241), más americio y uranio (235 y 238), ubicados entre 0 y 5 metros de profundidad, pertenecientes al combustible nuclear de 2 de las bombas tipo MK28FI. También se hallaron dos enterramientos secretos con 4.000 metros cúbicos de residuos nucleares; 4 veces más de lo que se llevaron en 1966 a los EEUU.

Fincas expropiadas por el accidente nuclear de Palomares

Por los altos niveles radiactivos y la necesidad de restringir su uso, acceso y tránsito, fueron expropiadas o alquiladas y valladas un total de 40 ha. Mientras, los vecinos de la zona asistían atónitos a esa súbita contradicción institucional.

Durante 37 años les habían asegurado en Palomares o en Madrid, a los cientos de personas que iban a realizarse los análisis radiológicos, que todo había sido limpiado y que solo quedaba una pequeña contaminación que llamaban “residual”.

Si durante ese periodo de ocultación y engaño, fomentado y mantenido por los distintos gobiernos de EEUU y España, se le ocurría a algún grupo ecologista poner en duda la versión oficial, entonces eran denostados, escrachados públicamente como enemigos del pueblo, mientras que en Madrid los conocedores de la verdad miraban hacia otro lado y callaban.

Un miliSiervert por año

Desde 2001 el órgano regulador nuclear español, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), marcó como objetivo que la población reciba una dosis menor de 1 miliSiervert (mSv) por año. El Siervert es la unidad que mide la radiación recibida en la materia viva. Para hacernos una idea, una radiografía de columna supone 1,5 mSv.

Aunque pueda parecer pequeña la dosis, hemos de tener en cuenta que recibimos en radiactividad natural una media nacional de 2 mSv/año, más el resto de carcinogénicos a los que estamos hoy día expuestos, como la contaminación del aire, los numerosos derivados de la petroquímica (plásticos, disolventes, CFC, dioxinas, ….) de ahí el incremento exponencial del cáncer de los últimos años, como la epidemia del siglo XXI.

En nuestro caso resultan más radiotóxicos los isótopos 238 y 239 del plutonio; este último es el más presente, mientras del 238 apenas queda. También resulta problemático el americio por el tipo de radiactividad (gamma) similar a la preponderante en Chernobyl y Fukushima, que es muy penetrante y contamina externamente, solo por aproximación a la fuente.

Criterios radiológicos

Para alcanzar ese objetivo de 1 mSv/año el CSN definió unos criterios radiológicos para la restricción de los terrenos afectados, con el nivel de radiactividad máximo (en Bequerel o Bq) del isótopo como frontera:

• “Restricción total para las actividades en los terrenos que supongan un nivel igual o superior a 5 mSv/año. La concentración derivada de americio (Am241) es 5 Bequereles/gramo”.
• “Restricción parcial y realizar estudios adicionales cuando las actividades puedan dar lugar a una dosis residual de 1 mSv/año. La concentración derivada de americio (Am241) es de 1 Bq/gramo”.

Año 2010. El Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP)

Con todos los datos recabados y la obtención por primera vez en España de un preciso mapa radiométrico en 3 dimensiones, se comenzó a elaborar un plan de limpieza suficiente para alcanzar los criterios anteriores. El proyecto y redacción del PRP fue el colofón y el corolario del PIEM-VR. La ingente y detallada información radiológica de los terrenos afectados por el accidente nuclear de Palomares permitió la adopción de una serie de estrategias y procedimientos para la elaboración de un plan que busca una solución definitiva y mínimamente satisfactoria para un problema que arrastra más de medio siglo.

Para reducir en lo posible el nivel de incertidumbre inherente a todo proceso de descontaminación e incrementar el nivel de seguridad y precisión de los trabajos a realizar en tan novedosa experiencia, se creó una planta piloto en la calle Diseminado La Punta del centro urbano de Palomares.

Se ubicó en la construcción dentro de la zona vallada, restringida a todo uso, conocida por Zona 3. Se trataba de constatar en la praxis los proyectos de segregación de los contaminantes de las tierras a tratar. Desde el porcentaje de esponjado de las tierras, o incremento de volumen cuando son excavadas, hasta los distintos intervalos de fracciones granulométricas, su idoneidad en los sistemas de tamizado en seco o húmedo y los porcentajes de efectividad y residuos.

Limpieza en tres años y con un coste de 31 millones

Se han calculado una a una las distintas parcelas de las zonas afectadas por los criterios de restricción impuestos por el CSN, con un total a tratar de 38.440 m³, que se convertirán en 50.503 m³ cuando se esponje con la extracción. El tiempo estimado de ejecución sería de 3 años, con un coste en 2011 de 31 millones de euros, sin contar el plan de residuos, que lo encarecerá sensiblemente, más aquellos por desarrollar sobre el impacto al público, el medioambiente, protección radiológica de los trabajadores y un plan posterior de vigilancia y control de las zonas intervenidas.

Esta constatación con la realidad de las tierras a tratar va mucho más allá del subtítulo de plan preliminar, o de “conceptual y básico”, como lo ha definido el CSN en la Audiencia Nacional para autojustificarse por no actuar de oficio e instar al Gobierno a una descontaminación unilateral. El coste total de ambos estudios fue de 10 millones de euros. El país causante solo aportó un 20%, el resto corrió a cuenta de los ciudadanos españoles.

Años 2011-2018. Llegan las rebajas

A instancias de España y hasta el año 2015, se incrementaron los contactos entre los dos países para buscar una solución definitiva. El problema fue que las conversaciones las lideró el ministerio equivocado: el de Asuntos Exteriores (MAEC) junto con el de Presidencia, que inmediatamente promovió la declaración de materia reservada a todo documento relacionado con Palomares, al tiempo que gestaban importantes contratos de infraestructura y productos manufacturados.

En 2014 se alcanzó un hito histórico en las relaciones comerciales, con el superávit a favor de España en la balanza comercial. Según datos del Instituto de Cooperación Exterior, solo durante el periodo 2012-2015, se vendieron a los EEUU productos y servicios por 38.749 millones de euros, de los que 26.000 millones fueron contratos de empresas españolas para ejecutar allá (2012-16), proyectos de infraestructuras, manufacturas y servicios. Algunas de estas empresas, como OHL o ACS (a través de su filial Urbaser) han sido investigadas por el presunto pago de comisiones a partidos.

Silencio a cambio de contratos comerciales

Las astronómicas cifras de los contratos ganados en los EEUU sepultan otra consideración y marcan la prioridad. Si añadimos la proximidad del partido gobernante con las grandes corporaciones empresariales, más si se refiere a una pequeña comunidad situada a 535 km de donde se toman las decisiones, todo apunta a que se haya podido generar un conflicto de intereses con un viejo litigio enquistado durante 52 años.

En 2015 los EEUU respondieron con unas contrapropuestas a la demanda española. Insólitamente fueron aceptadas íntegramente de manera unánime por los consejeros del CSN, a pesar de que contradecían sus propios criterios radiológicos. El Consejo de Ministros las declaró también secreto en 2015. Tal propuesta era tan impresentable a los afectados como a la opinión pública. No nos hubiésemos enterado de su contenido si no es porque en octubre de ese mismo año, a pocos meses de las elecciones generales, se firmó una declaración de intenciones entre el Secretario de Estado John Kerry y el Ministro de Exteriores, García Margallo. Allí, los norteamericanos exigieron que se explicitaran los nuevos criterios radiológicos derivados.

En las zonas 2 y 3 del accidente nuclear de Palomares se mantenía la concentración de americio residual de 1 Bq/gr, mientras que en la zona 6, que comprende 21 ha de Sierra Almagrera, se incrementaba un 400 %, con un nivel a dejar de 4 Bq/gr.

Ello supondría una dosis de 4 mSv/año, pues hemos de tener en cuenta la presencia conjunta de otros nucleidos que quedarían: 16 Bq/gr de plutonio 239+240, 12 Bq/gr de plutonio 241, 0,4 Bq/gr de Plutonio 238, sin contar con el uranio. Las declaraciones de altos directivos del CIEMAT dejaban entrever que asimismo se iban a reducir las tierras a tratar un 44 %.

De 50.000 se pasaba a 28.000 metros cúbicos. Resulta humillante que los EEUU hayan exigido para Palomares una contaminación residual entre 100 y 400 veces más alto que lo que consideran para su territorio como “alternativa más exigente” (0,01 mSv/año).

El sentido cíclico de la Historia, con la sombra de otra nueva descontaminación parcial como la de 1966, se convertía en una seria amenaza. La sombra del estigma social y económico  por el accidente nuclear de Palomares planea perpetuarse más de 24.000 años, que es lo que tarda el plutonio 239 en desintegrarse la mitad. En 1966 los palomareños fueron sacrificados al aire y antojo de los EEUU por la pervivencia y estabilidad política del dictador. Medio siglo después son los intereses de las grandes corporaciones, ligadas a la banca, los que prevalecen por encima del legítimo derecho a un entorno sin radiactividad.

La lucha por una descontaminación eficaz y definitiva

Años 2015-2018. La principal contestación a los nuevos planes del Gobierno por el accidente nuclear de Palomares ha sido desde la Federación Prov. en Almería de Ecologistas en Acción, los partidos Izquierda Unida y Ciudadanos. En 2015 Ecologistas, aún a sabiendas de la dependencia de la Justicia, no se arredró y denunció en el Tribunal Supremo a los miembros del Gobierno, al CIEMAT, CSN y demás personas que aparezcan responsables de los hechos, según reza la denuncia, es decir a todos los que han sido cómplices de la impostura.

Ahí se solicita por primera vez que el Gobierno español proceda a descontaminar sin esperar al país causante. La demanda concluía pidiendo el cese de tanta impunidad: “no sólo es preciso eliminar la radiactividad sino también exigir responsabilidades penales por el daño causado, a sabiendas”. Tal como era previsible, la demanda fue archivada a los pocos meses, pero cumplió su finalidad al denunciar públicamente la arbitrariedad y complicidad en el pasado de reguladores, técnicos y políticos, que pusieron en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente durante décadas.

En el ámbito del Congreso de los Diputados, Ciu e IU han realizado desde finales de 2016 una serie de preguntas. Las respuestas siempre han eludido lo demandado. Se han rellenado de contenidos evidentes, por todos conocidos, o con anacolutos, sin consistencia ni relación con la pregunta. El PSOE de Almería abandonó su inactividad y silencio al presentar a principios de año una proposición no de ley que instaba a impulsar la concreción de un acuerdo.

En la primavera pasada se solicitó por parte de IU la comparecencia del Ministro Alfonso Dastis para que explicara las razones por las que, frente al derecho constitucional de acceso a la información pública, se ha declarado materia reservada la documentación relacionada con el accidente nuclear de Palomares.

También en febrero de este año el diputado de Ciu, Diego Clemente, interpeló en comisión parlamentaria al Subsecretario de Energía, Pablo García, con estas palabras: “El silencio y desconocimiento del Gob. con los residuos de Palomares nos retrotraen a modos dictatoriales de hace 50 años”. El todo para el pueblo, pero sin el pueblo se mantenía. La democracia, con las conquistas de los derechos civiles, no ha llegado aún plenamente al asunto Palomares.

Reclamaciones al Parlamento Europeo

Las acciones han arribado al Parlamento Europeo con un par de peticiones para que se vuelva a realizar una inspección, al amparo del art. 35 de Euratom, para ver si la modificación de planes de rehabilitación cumplen con la normativa nacional y europea. Ambas peticiones han sido aceptadas a trámite y están en fase de adhesión popular.

Ecologistas en Acción de Almería tornaron a ser coherentes con su nombre en abril del pasado año, mediante la denuncia al CSN en la Audiencia Nacional por no actuar de oficio e instar al Gobierno a una descontaminación inmediata, “como único organismo competente en materia de radioprotección”, tal como reza el art. 1º de su ley fundacional. La petición de pruebas por los demandantes han sido negadas por ser secretos de estado. Ecologistas considera que tal clasificación se ha hecho de manera arbitraria, como posible refugio de actividades delictivas.

Los demandantes son plenamente conscientes de que la decisión final está circunscrita al ámbito político, pero el CSN está obligado por ley a solicitar a las autoridades una solución rápida a los problemas radiológicos, como pasa también con las balsas de fosfoyesos de Huelva, o la contaminación que arrastraban las viejas instalaciones de la antigua Junta de Energía Nuclear en Madrid. Esto último sí se está ejecutando aún hoy día, desde el año 2000, con un coste superior a los 100 millones de euros. El agravio comparativo torna nuevamente, o cómo los problemas radiológicos o de carencias básicas de la periferia quedan fácilmente enquistados durante décadas si desde aquí no luchamos por remediarlos.